El gobierno chileno, encabezado primero por Pinochet, luego por la Concertación, y luego la Alianza, ha estado matando sistemáticamente la educación pública. Una suerte de genocidio institucional que va a terminar haciendo un grave daño a la república.
Hora de decir las cosas como son. “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8: 32).
La conflictividad gremial y estudiantil, consecuencia de este fenómeno, paradojalmente ha contribuido a dañar lo que quieren defender. No me extenderé aquí en las explicaciones del daño, pueden consultarlas en el sitio web de nuestra campaña por la Educación Pública, www.educacionpublicaahora.cl . Si esta columna lo convence, tal vez sea hora de que el lector haga algo y se adhiera. La presión ciudadana ayuda, y lo sabemos.
Relatemos. “Por sus hechos los conoceréis.” (Mateo 7:20) Este proceso lo comenzó Pinochet con su “municipalización a la brutanteque”. Entiéndase bien. Muchos países exitosos con educación pública predominante (la mayoría de la OCDE funciona así) administran la educación en forma de corporaciones locales de alguna naturaleza: a veces los propios municipios, a veces corporaciones o distritos escolares locales. Eso es bueno pues la comunidad se involucra, no así un organismo burocrático, central y lejano. Lo “brutanteque” fue hacerlo endilgándole la educación a los municipios sin ninguna preparación ni recursos, y de pasada generándole un daño salarial y previsional a los profesores, lo que provocó una conflictividad que perdura hasta hoy. Tampoco se estableció mecanismo alguno para intervenir sostenedores públicos (ni privados) que realizaran una mala labor o desviaran recursos, como sí se hace en países de la OCDE.
De pasada, Pinochet desreguló completamente al sector privado así como la formación pedagógica. Hasta hoy se pueden “vender cartones de pedagogía” a analfabetos funcionales, por cierto pagando $3 ó $4 milloncitos. Le quitó el Pedagógico a la U. de Chile. En fin, para qué sigo.
La Concertación, a su turno, observó la caída de matrícula de la educación pública municipalizada con pasividad y parsimonia durante 20 años, sin explicarle a su electorado lo que estaba pasando. Por sus hechos los conoceréis: esta matrícula cayó del 70% al 40%. Ese es el resultado neto, y esas cosas no ocurren por casualidad. Un gestito para la galería por aquí, otro por allá, unas platitas complementarias por acá, y una cantidad de restricciones burocráticas impuestas desde el MINEDUC que harían palidecer al más templado. Ningún intento serio por resolver lo central: reconstruir su dañada institucionalidad y añejas fórmulas de financiamiento, y regular la proliferación de micropymes “reguleques” de educación privada, de peor calidad que muchas municipales, pero pintadas de rosadito por fuera. Ni que decir que virtualmente se suspendió la construcción de nuevas escuelas públicas en zonas de expansión urbana como Maipú, Alto Hospicio o La Florida, dejándole así el terreno libre a la iniciativa privada. El 90% de la inversión en nuevas escuelas en el período fue privada. Lo mismo ocurrió en educación superior.
Para complicar más las cosas, en este ambiente de conflictividad gremial, como señal de apaciguamiento, la Concertación aprobó en 1990 un Estatuto Docente con grados tan extremos de rigidez laboral, que terminó de atarle las manos a municipios que ya estaban en suficiente situación de desmedro en su capacidad de gestión. La guinda de la torta: el invento del financiamiento compartido. Los padres que pueden pagar, mandan a sus hijos a escuelas que cobran, los que no, no. Se garantizó así la segregación social del sistema escolar. Y si un alumno se porta mal o se atrasa en los estudios, vamos echándolo de las escuelas particulares a las públicas. Total, hay que “descremar el mercado” para que sea buen negocio ¿no? Si Ud. quiere leer más sobre segregación escolar, puede hacerlo en “Apartheid en Chile”.
Démosle algún crédito a la Concertación, eso sí. Logró, después de 15 años de intentos legislativos bloqueados por la Alianza, cambiar la maléfica fórmula que amarró Pinochet a última hora, dentro de sus numerosas leyes de amarre: Directivos Escolares vi-ta-li-cios. Si, pocos todavía lo creen y lo entienden. Durante 15 años los municipios tuvieron que administrar escuelas cuyos directivos no le respondían a nadie, porque eran vi-ta-li-cios. Trate Ud. de administrar un holding de 5000 filiales, en que los gerentes de esas filiales se le ríen en su cara porque son vi-ta-li-cios. Vi con mis propios ojos en el 2009 a la entonces Senadora Matthei denunciando en el Congreso la aberración que su propia coalición había cometido al bloquear la concursabilidad de Directores Escolares por quince años. La Alianza cometió con eso uno de los peores actos de travestismo político en décadas. Pero claro, luego se aprobó la concursabilidad… y el criterio central de la selección de Directivos que se inventó fue…. el número de cursillos de capacitación tomados por los postulantes. Dime cuantos certificados (truchos) presentas y te diré quién es el Director, permitiendo además mecanismos de concurso que le facilitaron a muchos alcaldes politicastros de todos los colores (que los hay) contratar a sus compadres políticos, y no precisamente por sus habilidades de liderazgo pedagógico. Aunque también es verdad que la Concertación mejoró un Fondo de Gestión Municipal que ayudó a paliar los daños.
El otro gran logro de la Concertación -muy positivo por cierto- fue la subvención preferencial para niños vulnerables. Obvia medida pro-equidad, aplicable por cierto a escuelas particulares y municipales, con el pequeño detalle de que transcurrieron 16 años desde la segregadora medida del financiamiento compartido hasta el inicio de la SEP. El daño de segregación ya estaba hecho.
Llega entonces el gobierno de la Alianza. Muchos de sus integrantes son los mismos que inventaron este sistema de “pseudo mercado educativo” -desregulado, con asimetría entre la oferta y la demanda, y poco transparente- hace 30 años. No es que sean malignos, esa tesis no me la compro. Simplemente tienen fe cuasi religiosa en que es el mercado, tal vez con mejores regulaciones, el que va a resolver los problemas de calidad y equidad de la educación. La segregación escolar simplemente no figura en su léxico, y si figura, no importa. Tampoco les importa ni les interesa ver la evidencia internacional: no existe NINGUN país exitoso en educación en el planeta con presencia mayoritaria de escuelas particulares subvencionadas por el estado, con copago de los padres, con fines de lucro, compitiendo y no colaborando con las escuelas públicas, y en un sistema socialmente segregado. No existe. Así son la fe religiosa y la fe ideológica. La evidencia importa poco.
Veamos qué ha hecho la Alianza respecto a la educación pública. Durante su primer año de gobierno, fueron dos gambitos comunicacionales. El primero fueron los “Liceos de Excelencia”. Magistral jugada que le permitió durante un tiempo navegar con bandera de protector de la educación pública mientras sigue creciendo la privada. Entiéndase bien. No tengo mucho en contra de estos Liceos (salvo que segregan y descreman a los mejores alumnos de Media). El punto es que cubrirán con suerte al 0.5% de la matrícula… pero eso curiosamente no se suele mencionar en la prensa.
El segundo gambito, casi maligno y evidentemente deliberado, fueron los “Semáforos del SIMCE”. Rojo para los puntajes bajos, amarillo para los medios, verde para los altos. Rojo es escuela mala, verde es buena. Como el puntaje SIMCE depende en un 85% del nivel socioeconómico de los alumnos (comprobado estadísticamente), en este segregado sistema –predeciblemente- las “mejores escuelas” resultaron ser privadas. Si se hubiera proporcionado el dato del SIMCE ajustado por nivel socioeconómico de la escuela, muchos de los “rojos” habrían resultado “verdes” y viceversa. Pero la embestida comunicacional funcionó. Hasta hoy y por años diversos medios de prensa publican los “ranking de las mejores escuelas”, que en realidad no lo son necesariamente en lo académico, sino en su capacidad para concentrar niños de familias más ricas.
Luego, vino la embestida legislativa. El primer round fue el proyecto de Ley de Calidad y Equidad de la Educación que se tramitó a fines del 2010. Excelente proyecto, mejoró la concursabilidad y salario de Directivos, proporcionó recursos (en forma de préstamo) para el retiro de profesores, flexibilizó el estatuto docente. Top… hasta que comenzamos a rascar en los números. El proyecto traía un “caballo de Troya”. Cuando modelamos la situación financiera en que quedaban los municipios por la aplicación de la ley, un porcentaje significativo de ellos, los de menor tamaño sobre todo, quedaba virtualmente en quiebra. Fue tal la pelea que armamos en el Congreso que finalmente el gobierno tuvo que ceder y aportar US$ 150 millones adicionales para financiar la ley, como lo reconoció el propio Ministro Lavín. ¿Error de cálculo o ataque deliberado a la educación pública? Nunca lo sabremos.
A continuación, vino el así llamado proyecto de “desmunicipalización” o Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública a fines del 2011. Este fue otro gambito comunicacional, pues su redacción era tan defectuosa (como la del proyecto que en su momento presentó la Concertación) que en realidad era simplemente un proyecto que iba al matadero, pero que dejaba al gobierno luciendo como “preocupado por la educación pública”. Hoy está en el refrigerador.
Prosigamos. Recientemente, el gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Carrera Docente. En forma casi incomprensible, el proyecto, que suena excelente en muchos sentidos, dando remuneraciones sustancialmente mejores a los mejores profesores, le da un trato totalmente diferenciado a escuelas municipales y particulares. Las municipales deben gastar los recursos en este propósito, las particulares pueden, si así lo desean, usar los recursos para construir nuevas escuelas o meterse la plata al bolsillo. El feble argumento es que el estándar de mercado laboral lo van a poner las escuelas públicas… la pregunta es: ¿porqué unos tienen las manos atadas y otros las manos desatadas respecto al uso de esos recursos? Por cierto, en Holanda y Bélgica, UNICOS países con educación particular subvencionada mayoritaria, las reglas laborales de los profesores son idénticas para todas las escuelas, y las remuneraciones las paga directamente el Estado, aun en escuelas particulares, que por cierto no tienen copago de los padres ni fines de lucro. ¿Error técnico o intento de demolición? Nunca lo sabremos.
Por último, y ya para terminar de completar el acoso a la educación pública, la más reciente reforma tributaria le ofrece deducciones de $100.000 anuales “a la clase media” que tiene ingresos suficientes para pagar impuesto a la renta, lo cual le facilitará (si no logramos pararlo) a los apoderados profundizar la segregación social, trasladándolos de una escuela pública a una privada, por razones más bien aspiracionales y de segregación social que de calidad educativa. Los más ricos en escuelas particulares subvencionadas con copago y descuento al impuesto a la renta, los más pobres en escuelas sin copago o municipales.
La matrícula pública, con la alegre colaboración de los paros y tomas, ya va en 34%, y de aprobarse estas medidas, terminará inevitablemente muriendo en muchas comunas o reducida a su mínima expresión, con algunos Liceos de Excelencia para salvar las apariencias. Los estudiantes y profesores marcharon por la educación pública y se tomaron las escuelas públicas, mientras los proyectos de ley la matan calladitos. Por sus hechos los conoceréis.
No tenemos nada contra la educación particular subvencionada bien regulada. Pero vea por qué hay que defender la educación pública y adhiérase entonces en www.educacionpublicaahora.cl
Mario Waissbluth
Blog La Tercera, 6 de mayo de 2012