Los recientes anuncios gubernamentales de otorgar una deducción tributaria del impuesto a la renta por gastos privados en educación y salud “para ayudar a la clase media” son un incentivo perverso. Se está proponiendo algo que es a la vez engañoso y pernicioso.
Según datos del SII, los pagos de impuesto a la renta los hace en un 70% el decil más rico de contribuyentes, y otro 30% el siguiente. El 80% de los contribuyentes no recibirá deducciones tributarias “para la clase media”, por la simple razón de que sus ingresos no les alcanzan para pagar impuesto a la renta. Así de desigual es Chile. Lo engañoso queda así demostrado… a menos que queramos llamar “clase media” al quintil más rico.
Ahora lo pernicioso. ¿Es comprensible que una persona que gana $8 millones mensuales reciba deducciones tributarias para financiar su isapre o la universidad de su hijo, el cual probablemente se desplaza en un 4×4, cuando el ingreso per cápita del 80% de la población es inferior a $500 mil mensuales? El ingreso del 60% de la población es inferior a $300 mil. Sería estupendo que se brinde educación superior y salud gratuita para todos, pero eso se logra partiendo con los más pobres, no con los más ricos, y en países que tienen carga tributaria cercana a 40% del PIB; no como Chile, en que la monumental reforma tributaria que está proponiendo el Gobierno la estaría aumentando de 21% a 21,3%.
Hay más. Está sólidamente demostrado que el “mercado educativo” chileno sigue siendo imperfecto y opaco. Es entonces probable que muchos proveedores de educación, desde jardines infantiles hasta universidades, utilicen este incentivo para aumentar sus siderales aranceles. Negocio redondo para instituciones educativas y familias más ricas: las primeras -de cualquier calidad- tienen más utilidades, y las segundas pagan, pero recuperan.
Las escuelas que reciben pago total o copago de los padres están en los tramos más altos de ingreso, y a mayor nivel de ingreso, mayor el copago. Según una encuesta reciente del Centro Democracia y Comunidad, el 85% de los apoderados está de acuerdo con las demandas del movimiento estudiantil. El 89% pide el fin del lucro, y el 52%, la eliminación del financiamiento compartido. Esta propuesta va en dirección inversa a lo que piden los ciudadanos y profundiza la segregación social del sistema escolar. El Gobierno comete un grave error al impulsarla.
Mario Waissbluth
La Segunda, 18 de abril de 2012