¿La PSU mantiene su protagonismo?

Una prueba de selección para el ingreso al sistema de educación superior tiene objetivos de eficiencia y equidad.  Mejora la eficiencia si permite seleccionar a bajo costo a los postulantes más idóneos para cada carrera. Aporta a la equidad, o al menos a la igualdad de oportunidades, al garantizar un proceso transparente de selección, evitando que factores como el origen, la apariencia, las influencias y el dinero afecten directamente la probabilidad de selección. En este sentido, que universidades privadas adhieran voluntariamente a estas reglas es una buena noticia. Para dimensionar el avance que esto significa, basta recordar que en el mundo existen  universidades de gran prestigio que admiten a candidatos mediocres sólo por las donaciones que reciben de sus familias, lo que a las mentes republicanas parece injusto y antidemocrático.

El hecho que un mayor número de universidades adhiera al sistema, y se considere deseable que más lo hagan a futuro, refuerza la necesidad de evaluar la calidad del instrumento. Respecto a la eficiencia, se ha cuestionado que sea un buen predictor del rendimiento futuro de los estudiantes, ya que la PSU enfatiza los conocimientos adquiridos durante la enseñanza media. En ese sentido, se trata de un instrumento de la política hacia el sistema escolar, que incentiva una mayor asistencia de los alumnos en secundaria y genera mayor presión sobre los establecimientos escolares para que cumplan con los contenidos que serán evaluados. ¿Demasiados objetivos para un instrumento? Este tipo de pruebas, por otra parte, intenta adaptarse a las distintas características de las carreras a través de la ponderación diferencial de cada componente por las instituciones de acuerdo a sus exigencias. Una pregunta que queda abierta, aparte del énfasis que debe tener la evaluación (conocimientos, aptitudes o competencias, entre otros), es si no serían necesarios instrumentos adicionales para una mejor selección en el caso de determinadas carreras.

Respecto a la equidad, la PSU ha sido puesta en entredicho por las desigualdades de resultados que se observan entre establecimientos y estudiantes según nivel socioeconómico. Esto, sin embargo, no debe oscurecer el hecho que es un instrumento democratizador en el sentido explicado más arriba, eliminando del proceso de selección influencias no vinculadas a las capacidades de los estudiantes. El problema es que los sistemas que producen esas capacidades son inequitativos. Las diferencias de amor, seguridad y estimulación que los padres dan, la disparidad de prácticas de crianza, la diversa calidad de establecimientos educacionales y docentes y las distintas características de los pares van configurando diferencias. A esto se suma el desarrollo de un mercado de preuniversitarios que preparan para dar la prueba, también de calidad heterogénea, y a los que sólo una fracción de los estudiantes puede acceder (y que incluso distorsionan la finalidad del instrumento). Estas diferencias no requieren eliminar el instrumento -que equivaldría a matar al mensajero-, pero sí justifican políticas que, como la subvención preferencial, debieran nivelar las oportunidades de adquirir las capacidades para dar una buena prueba. En la admisión y en la permanencia de los estudiantes pueden ensayarse otros mecanismos complementarios a la PSU que nivelen la cancha.

De hecho, quizás la única razón que justifique la existencia del Aporte Fiscal Indirecto sea ayudar a sostener este sistema de selección imperfecto, pero transparente. Para cualquier otra cosa es inútil, ya que toda universidad tiene los incentivos para atraer a los mejores estudiantes y no es necesario invertir recursos estatales para que lo haga. Que las que se consideran buenas universidades privadas adhieran al sistema es una prueba de esto y muestra que quieren participar de las reglas que rigen el sistema y competir por los alumnos con buenos puntajes. Esto no significa que sobre esta base puedan exigir igualdad de trato con las universidades públicas, como han sostenido actores de ese mundo, excepto en lo relativo a ayuda estudiantil y fondos concursables para investigación. Respecto a los aportes basales es la propiedad y no la función la que debiera ser la base para determinar las contribuciones, como ocurre en la mayoría de los países del mundo… excepto Chile.

Ediciones Especiales El Mercurio, 28 de julio de 2011