Gestionando las buenas ideas del Estado

Hace algunas semanas, una revista de circulación nacional publicó que el Municipio de La Pintana es líder del país en materia de reciclaje (19% de sus desechos orgánicos y municipales), permitiéndole importantes reducciones en los costos de aseo y posicionándola por sobre otros municipios con más recursos, tanto humanos como económicos. Se trata de una práctica totalmente replicable por otros municipios interesados en abordar el problema de sus desechos de modo eficiente y eficaz, puesto que representa una solución innovadora y destacable sobre un tema que compete a muchos gobiernos locales.

¿Qué sucede cuando una organización al interior del Estado desarrolla una solución costo- efectiva en relación a un desafío que otras reparticiones también deben enfrentar? Lo lógico sería transmitir dicha solución y es en este punto donde se hace necesario un sistema de gestión del conocimiento para transferir esas “buenas prácticas”.

De los países que hoy integran el G7, cuatro de ellos cuentan con sistemas de gestión del conocimiento entre distintos niveles. Reino Unido, por ejemplo, mediante equipos de transferencia de conocimiento, apela a mejorar la calidad del trabajo gubernamental a nivel municipal, provincial, regional y nacional.

¿Por qué no se hace algo parecido en Chile? Más cuando los servicios que prestan los diferentes municipios son relativamente similares y sus resultados, heterogéneos (incluso para organismos comparables en recursos).

Para que esto ocurra, lo primero sería fijar un objetivo fundacional del sistema, como buscar la eficiencia en el quehacer público o la eficacia de los programas y políticas del Estado. Luego habría que identificar el o los actores impulsores del tema para que activen los procesos de transferencia de buenas prácticas (ya sea mediante TICs o equipos de transferencia). Por último, sería necesario hacer un seguimiento de estas prácticas buscando establecer el nivel de éxito del traspaso y su implementación.

Sin duda, tanto la Municipalidad de Tirúa, con sus 17 esforzados profesionales de planta, como la de Punta Arenas, con sus 259 empleados, tienen dificultades para administrar sus desechos sólidos o manejar las campañas del Ministerio de Salud. ¿Por qué no proveerles un sistema para colaborar y compartir experiencias, a la vez de generar sinergias en la búsqueda de respuestas para los distintos desafíos que enfrentan? ¿Será el Estado capaz de promover instancias para la colaboración pública entre sus propias instituciones?

Francisca Del Fierro y Francisco Pichott, investigadores Centro de Sistemas Públicos, Ingeniería Industrial, Universidad de Chile
La Segunda, 11 de julio de 2012