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Elegir directivos municipales sin morir ni matar en el intento

José Inostroza

Supongamos que en un municipio X del país un alcalde renuncia, y entre otras cosas denuncia presiones por parte de un diputado de su partido por cuotas de poder al interior del municipio. Por efectivamente producidas, las consecuencias políticas de un hecho como este se han debatido profusamente, en particular, en relación a los riesgos que enfrenta la representatividad de la soberanía popular de esa comuna. Sin embargo,  poco se ha debatido cómo afectan dichas presiones partidarias la gestión de las municipalidades, de manera permanente, todos los días del año. ¿Cuán extendida y grave puede llegar a ser una situación como ésta en Chile?

Los municipios no son cualquier organización pública. Están a cargo  del 70% de la salud primaria de los chilenos, el 40% de la educación y generan un gasto del 2,6% del PIB, aproximadamente. Son los responsables, en buena parte, del desarrollo económico, urbano y social de todo el territorio nacional. En algunos casos, los municipios también son encargados de producir hasta ¡75 servicios distintos directos a los ciudadanos! La buena o mala gestión de ellos repercute, literalmente, al interior de cada casa en todo el país. Así lo creen los chilenos: la Encuesta de Opinión Municipal 2010 del ICHEM arroja que el 54,5% de los encuestados considera que los municipios son las instituciones con mejor capacidad para resolver los problemas comunales.

Los alcaldes llegan a sus respectivos cargos al alero de algún partido político y parece completamente natural que así sea. En las últimas elecciones municipales sólo un 10,2%  postuló como independiente. Hasta acá, ningún problema. Lo complicado es cuando dicho apoyo de campaña se “cobra” (al parecer hecho más que frecuentemente) mediante cargos en el municipio para personas determinadas.

En general, los alcaldes llegan a sus respectivos cargos al alero de algún partido político y parece completamente natural que así sea. En las últimas elecciones municipales sólo un 10,2%  postuló como independiente. Hasta acá, ningún problema. Lo complicado es cuando dicho apoyo de campaña se “cobra” (al parecer hecho más que frecuentemente) mediante cargos en el municipio para personas determinadas (en buen chileno “apitutados”), independientemente si cuentan o no con las competencias mínimas para las funciones.

¿Qué facultades tiene al respecto el alcalde? Por ley puede designar y mover libremente cuatro cargos: director jurídico, secretario de planificación, director de desarrollo comunal y administrador municipal.

Esto tiene pleno sentido: si el alcalde es el responsable frente a su comunidad, obviamente debe contar con personal de su confianza. ¿Pero qué pasa si hay abuso del sistema político en esta función? Puede haber costos relevantes: i) directivos sin las competencias mínimas; ii) debilitamiento del alcalde frente a los partidos políticos; iii) el riesgo de comenzar un espiral de clientelismo (los favores se pagan) que debilite la credibilidad en la gestión y probidad municipal (los municipios al 2009 ostentaban el 2° lugar del ranking de percepción de corrupción); iv) desmotivación de los funcionarios técnicos del municipio, con la consabida rotación de profesionales jóvenes; y, tal vez el más importante, v) la pérdida de confianza global en los municipios y, por tanto, dificultades para obtener más recursos y flexibilidad.

¿Cómo generar un sistema razonable, equilibrado, que resguarde los principios democráticos elementales y una regulación mínima de seriedad técnica del sistema al mismo tiempo?

Se requiere de un sistema capaz de regular la incorporación de los directivos municipales que garantice un estándar profesional mínimo. ¿Por qué no extrapolar el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) a los municipios? A partir de un sistema de esta naturaleza se podría generar una terna o quina de personas, mediante una selección técnica, para ser presentada a los alcaldes y que sean ellos quienes decidan libremente quien se nombra en base a esta lista. De ese modo los chilenos nos beneficiaríamos de una mejor selección de postulantes, mejores candidatos finales, mejor selección final y,  muy probablemente, una mejor dirección municipal.

¿Qué tan cerca estamos de una solución como ésta? Todavía lejos. Este sistema es imposible de implementar sin la convicción política del gobierno central, los propios municipios y los partidos políticos que orientan las decisiones del Congreso. Necesitamos verdaderos intraemprendedores públicos que sepan navegar en las complejas aguas de la articulación de consensos para mejorar nuestras instituciones y a juzgar por el terremoto vivido por el SADP central, mejor contar con estos agentes cuanto antes.

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Columna escrita por José Inostroza y Javier Fuenzalida, Director Ejecutivo y Director de Desarrollo del Centro de Sistemas Públicos, Ingeniería Industrial Universidad de Chile.

Publicada el 7 de abril de 2011 en El Mostrador.