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Diez desafíos de la educación superior

Mario Waissbluth

La discusión se ha centrado últimamente en el tema de la gratuidad. El festival comunicacional anterior fue en torno al ranking. Siendo estos temas muy importantes, debemos asumir que el sistema de educación superior es un engendro que requerirá de un conjunto sistémico de reformas, muchas de ellas previas a la gratuidad total. Ellas fueron destacadas en el documento de Educación 2020 “La Reforma Educativa que Chile Necesita” de Abril de 2013 y que, para nuestra alegría, son bastante coincidentes con el programa de gobierno de la Presidenta electa en temas fundamentales. Aquí van diez:

1. Todavía existe un enorme sesgo cultural y social a favor de la formación universitaria, en detrimento de la formación vocacional o técnica. En Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, o Noruega, entre un 40% y un 70% de los alumnos optan por un programa educacional dual que combina formación con entrenamiento laboral y que culmina en una certificación de competencias,donde las asociaciones y gremios empresariales juegan un rol fundamental. En esos países, la distancia promedio salarial entre un profesional y un oficio certificado es cercana al 50%. En Chile, la distancia salarial entre ambos llega a ser del orden de 1 a 5. No habrá equidad de ingresos sin abordar este desafío, que incluye asignaciones preferenciales de recursos y becas, así como acreditar y sanear un sistema de CFT e IP que, con algunas honrosas excepciones, constituyen un verdadero engaño a sus “clientes”.

2. Los CFT, IP y las universidades sólidas actúan como compartimentos estancos. Si un estudiante decide que su vocación era técnica en lugar de profesional (o viceversa), debe recomenzar desde cero, perdiendo tiempo y dinero. Es indispensable incentivar – con mecanismos de acreditación y ayudas financieras – una malla que permita un tránsito transversal expedito entre distintas y flexibles trayectorias educativas. Las universidades del CRUCH, y en particular las estatales, debieran contar con sus propios entes de formación técnica, pero no como estancos aislados, sino con mallas que permitan migrar entre distintas trayectorias, regiones y entidades.

3. Para terminar con la incontrolable cadena de incentivos perversos, el programa de gobierno establece que las instituciones educativas deben evolucionar gradualmente hacia el fin del lucro. Esto implica cambiar radicalmente el modelo regulatorio de la educación superior, estableciendo “contratos de concesión” que respeten los legítimos intereses de muchos dueños serios de CFT e IP para recuperar su (verdadera) inversión en un plazo razonable, y luego transitar hacia la modalidad sin fin de lucro.

4. Es fundamental poner a la brevedad a disposición de la ciudadanía, con transparencia total, información sobre las fuentes de ingresos, egresos y las transacciones con entes relacionados. Esta no debe ser transparencia pasiva, sino activa, donde cada institución de educación superior debe publicar en su sitio web, al igual que lo hacen las instituciones del Estado y las sociedades anónimas, toda la información pertinente. Esto no se contradice con la necesidad de contar con una Superintendencia de Educación Superior (cuya legislación está aún detenida), sino que refuerza su capacidad de acción. Esta breve ley de transparencia activa quedó redactada hace 3 años por un conjunto transversal de senadores, y todavía duerme, incomprensiblemente, el sueño de los justos.

5. La Ley de Acreditación sigue detenida. El nuevo sistema tiene que establecer una acreditación obligatoria de instituciones y carreras, cualquiera sea el costo y el tiempo que requiera esta medida. Cerca del 75% de los 16.000 programas (carreras en diferentes sedes regionales) no está acreditada, y un 10% tiene un grado de acreditación, a lo menos, dudoso. Es una muestra más del libertinaje de mercado. Realizar una acreditación institucional muestreando únicamente un par de carreras al azar puede resultar altamente peligroso en esta etapa. Darle crédito con aval del estado, o gratuidad, a estudiantes en carreras truchas y no acreditadas, en sedes raquíticas, por el sólo expediente de que la institución está centralmente acreditada, es desperdiciar el tiempo del alumno y los recursos del estado.

6. Muchas entidades admiten alumnos sin comprensión lectora o aritmética básica, que después terminan desertando, o peor aún, habiendo obtenido títulos sin siquiera haber nivelado estas competencias.Uno de los estándares mandatorios del aseguramiento de calidad de carreras de cualquier índole, para cualquier nivel socioeconómico, debe estar referido a los procedimientos de admisión y nivelación de alumnos, de manera de terminar una de las más nefastas prácticas comerciales del sistema.

7. En caso de cierre de instituciones, el Estado debe poseer la capacidad jurídica para designar un interventor provisional, y así resguardar los intereses de los alumnos y, en lo posible, facilitar la continuidad de giro de esas entidades. Ellas otorgan títulos a nombre del Estado, y este debe asumir sus responsabilidades. Si esto no se materializa pronto, y comienzan a cerrarse nuevas entidades tipo Universidad del Mar, ya sea por pérdida de acreditación, o por la comisión de delitos que están siendo actualmente investigados en doce casos, tendremos decenas de miles de estudiantes damnificados durante 2014 y 2015. Esta sola crisis podría perjudicar todos los intentos de reforma educativa del período si no se controla anticipadamente.

8. Es necesario enfrentar la disparidad entre el arancel real y el arancel de referencia. Esta a veces obedece a motivos legítimos, como por ejemplo financiar investigaciones, y en otros a lucro excesivo y financiamiento de la expansión inmobiliaria. Realizar estos cálculos para centenares de carreras con miles de programas es una tarea titánica.

9. Resolver la disparidad entre arancel real y de referencia implica cambiar las reglas del juego y reforzar de manera significativa los sistemas, tanto concursables como de financiamiento basal, de la investigación y creación de bienes públicos, pues las universidades no podrán hacerlo con cargo a los aranceles, como ocurre hoy en muchas universidades tradicionales.

10. Es necesario modificar radicalmente la institucionalidad y gobierno corporativo de las universidades estatales, flexibilizar significativamente su administración y a la vez garantizar su rendición de cuentas. Tener universidades públicas funcionando como si fueran Ministerios, con normativas y rigideces anquilosadas, no les permitirá desarrollar el rol que la sociedad espera de ellas. Una vez resuelto el anquilosamiento burocrático, el Estado debe invertir proactivamente en la expansión de su oferta de educación superior, tanto a nivel universitario como de educación técnico profesional, donde su presencia es prácticamente nula.

Sr. lector: súmele ahora a estos diez desafíos el problema de la gratuidad (con su consecuente disponibilidad de recursos financieros) y el de los criterios de admisión (nivel socioeconómico, PSU y ranking incluidos), y estime el tiempo que nos tomará, con un pacto político estable que asegure una política de estado y no de gobierno, reformar adecuadamente el crucial sistema de educación superior de Chile. Usted ¿qué opina?

Mario Waissbluth
Voces de La Tercera, 13 de febrero de 2014