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Octubre 2021 · Abril 2022

Estudio de actualización de costos del sistema de licitaciones de la Defensoría Penal Pública

Objetivo: El objetivo consiste en calcular el costo del servicio de defensa penal pública, tanto general como especializada en migrantes, juveniles, indígena y penitenciaria, desagregado por aquellas variables que considere relevante provisto por defensores locales, licitados y contratados por trato directo. Con lo anterior, se busca determinar si la evolución del tarifado utilizado por la Defensoría Penal Pública en convocatorias a licitación y para la contratación directa permite mantener los estándares de calidad requeridos para la prestación de servicios de defensa, utilizando como comparador para ello la evolución del tarifado de los servicios de defensa privada.
Instituciones: Defensoría Penal Pública
Temáticas: Evaluación de programas, Modelamiento
Sectores: Poder Judicial
Jefe de proyecto
Analista cuantitativo
Coordinadora e ingeniera de proyecto
Asesor legal

El trabajo consistió en la actualización de los costos del Sistema de Licitaciones de la Defensa Penal Pública que ofrece la DPP.

Para este fin, se hizo un levantamiento del proceso de defensoría para los 5 tipos; general, juvenil, migrante, indígena y penitenciaria, y se definieron las actividades más relevantes de cada una. Con esta definición, se aplicaron 50 encuestas vía remota a defensores y defensoras de las 5 modalidades mencionadas, tanto locales como licitados/as y de las distintas regiones del país, para obtener un promedio de frecuencia mensual de las gestiones y los tiempos de preparación, realización y cierre de cada una.

La información recolectada por este método se contrastó con data cuantitativa obtenida a partir del SIGDP y, considerando el tarifado por jornada de trabajo de defensor y sobre las bases de las segmentaciones territoriales que se estimó necesario, se procedió al cálculo de costo por hora en cada jornada.

Los resultados arrojan que el costo de los defensores locales es mayor en todas las defensorías para el 2020, lo que no implica un problema en sí mismo, ya que la modalidad local implica mayor expertise y conocimiento, siendo asignados y asignadas también a causas de mayor complejidad. Sin embargo, se muestra un incremento paulatino de la brecha entre 2017 y 2020, lo que podría en el futuro afectar la calidad de los servicios prestados. De esta forma, la recomendación principal fue no reducir la brecha salarial, si no que ajustarla al valor que tenía en 2017 y velar porque se mantenga constante en el tiempo.