El festival anual del SIMCE está comenzando a amainar. Hubo nuevamente algunos bienvenidos aumentos graduales de puntaje, pero a este ritmo nos tomará algunas décadas resolver las cosas para llegar a los niveles deseables y necesarios. Nuestra opinión completa sobre estos resultados está disponible en www.educacion2020.cl
Sin embargo, para continuar avanzando a la velocidad que Chile requiere, vemos nubes en el horizonte, por lo que estamos preocupados. No se observa un panorama político que permita predecir grandes avances en la reforma escolar ni en la educación pública, siendo ambas nuestras preocupaciones centrales. Enumeraremos aquí en primer lugar las razones de nuestra preocupación, y a continuación una propuesta de soluciones.
1. Crispación política. Tuvimos un 2011 explosivo, detonado entre otros por el tema educativo, que generó un parte-aguas en nuestra historia. Las primeras escaramuzas del 2012 ya se han hecho sentir, con una ciudadanía que está diciendo “no va más”. Los habitantes de Pelequén aguantaron malos olores por años, pero esta vez decidieron que era hora de tomarse la Ruta 5. A esto se agrega la inminencia de elecciones municipales y presidenciales, lo cual no permite predecir un ambiente precisamente armónico en las discusiones legislativas.
2. La discusión de fondo no se ha zanjado. Como se observa en la encuesta del Centro Democracia y Comunidad realizada entre noviembre del 2011 y enero del 2012, hay opiniones ambivalentes en la ciudadanía. Los apoderados mayoritariamente han planteado su preferencia por la educación particular subvencionada, pero a la vez una mayoría apoya el fin del financiamiento compartido, desmunicipalizar los colegios, gratuidad de la educación, y el fin del lucro. Más de la mitad de los apoderados manifiesta su apoyo a las demandas estudiantiles, así como a las manifestaciones y protestas (aunque no a las tomas de universidades y liceos). La CONFECH ya anunció su primera marcha, y el Colegio de Profesores, en una suerte de exótico suicidio laboral por cierre de escuelas públicas, anuncia los primeros paros.
3. Carencia de una política de Estado de largo plazo en educación. Lo dijimos en el 2009, 2010, 2011, y a inicios del 2012. El país ha tenido una verdadera rotativa ministerial, con una duración promedio en el cargo de los últimos cinco Ministros de Educación de 15 meses. Esto ha terminado transformándose en riñas permanentes entre los diferentes gobiernos y su oposición, alimentando la confusión de la ciudadanía y abriendo el espacio para la conflictividad estudiantil. El actual gobierno ha escogido la ruta del “menudeo legislativo”, lanzando proyectos de ley al Congreso que terminan muriendo o prolongándose por falta de acuerdos básicos. El único consenso “de Estado” que se ha avanzado recientemente fue un importante Protocolo de Acuerdo entre gobierno y oposición anunciado en Enero del 2011… y olvidado por las partes en Marzo del 2011.
4. Grave deterioro en la Educación Pública. Se estima que la caída de matrícula entre el 2008 y 2012 es del orden de 260 mil alumnos, con una disminución de ingresos de US$ 300 millones anuales para el sector. Dadas las rigideces laborales y burocráticas imperantes hasta hoy, esto ha generado un déficit gigantesco en las arcas municipales, y es altamente probable que en muchos municipios, contrario a lo que desea un porcentaje importante de la ciudadanía, ésta simplemente deje de existir, en algunos casos por deficiente gestión, en otros porque las condiciones han sido materialmente imposibles de sostener, en medio de estrangulamientos burocráticos imposibles. No tenemos nada contra la educación particular subvencionada bien regulada, pero para Educación 2020 sería inaceptable que haya comunas o barrios enteros con monopolios ideológicos o religiosos, y/o la imposibilidad de los apoderados de enviar sus hijos a una escuela pública, como ha sido la tradición republicana de Chile.
5. Las propuestas legislativas empeoran el problema de la educación pública. El proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública enviado al Congreso en el mes de noviembre murió, ya que generó rechazo unánime, incluso en parlamentarios de la coalición de gobierno. El proyecto de Carrera Docente, positivo y bien diseñado en muchos aspectos, es arbitrario, por cuanto obliga a los municipios a gastar los recursos en ese propósito, pero le entrega los mismos recursos sin atadura alguna a las escuelas particulares subvencionadas, las cuales podrán así continuar su expansión geográfica incontrolada, en escuelas de cualquier tamaño. Por otro lado, el gobierno tampoco parece tener mayor apuro en materializar este proyecto, anunciando su puesta en marcha para el 2014.
6. Una regresiva reforma tributaria. Nos hemos enterado recientemente que el gobierno, en un rapto de populismo incomprensible, ha anunciado subsidios tributarios para pagos de educación privada como descuentos del impuesto a la renta… es decir, al 30% de mayores ingresos de la población. Si se definiera “clase media” como “la mitad”, es decir la frontera entre el 50% más rico y el 50% más pobre, esa es una familia de 4 que en total gana $500 mil mensuales. No pagan impuesto a la renta, precisamente. El mencionado subsidio tributario, completamente regresivo en materia de distribución del ingreso, no va a mejorar un ápice ni la calidad ni la equidad de la educación, sino que va a permitir que colegios particulares pagados, o subvencionados con co-pago de los padres, puedan subir un poquito más sus tarifas. Advertimos este peligro específico desde Abril del 2010 en una columna denominada Educación Pública: Tormenta Perfecta, que lamentablemente se ha venido cumpliendo con creces en sus predicciones. Otorgar incentivos tributarios en educación, para los que sí pagan impuesto a la renta, implica profundizar la segregación social del sistema escolar.
7. Complicaciones en el proyecto de aumento a la Subvención Escolar. El proyecto de Ley presentado en noviembre al Congreso, que es en rigor una bienvenida inyección de recursos, mejora la subvención en preKinder y Kinder, la subvención preferencial en distintos niveles, y la subvención general. Este es, por supuesto, el lado claro de la luna. El lado oscuro ya lo hizo sentir la coalición de oposición en la primera reunión de la Cámara, al exigir medidas de salvataje a la educación pública si es que se aumenta la subvención por parejo. En rigor, al estar una al borde de la quiebra, y la otra en franco proceso de expansión geográfica y numérica, las consecuencias del aumento de subvención son predecibles. Unas invertirán en su expansión, las otras en pagar sus deudas.
La política del gobierno, en suma, parece ser la de aumentar los recursos financieros vía subvención ( y ahora por deducción tributaria), en un contexto de desregulación total en la creación de escuelas particulares subvencionadas, y apostar a que eventualmente la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación regulen las escuelas que surjan con mala calidad. El problema es de inconsistencia temporal: en los tres o cuatro años en que esto comience a ocurrir, la Educación Pública ya habrá desaparecido en muchas comunas.
En suma, la situación actual es de severo riesgo de parálisis de las reformas escolares, incluso las más saludables dentro del actual modelo educativo, tanto por crispación política como por carencia de señales del gobierno en cuanto a adoptar políticas que resguarden los escasos remanentes de la Educación Pública. Asimismo, los problemas de fondo que planteó el movimiento secundario el año pasado no han sido abordados, lo cual hace probable un escenario de conflictividad que se trasladaría al Congreso, de por sí tensado por las inminentes elecciones.
En este contexto… 100.000 jóvenes continúan egresando todos los años de la educación media sin comprender lo que leen, tenemos jardines infantiles con baja cobertura y mala calidad, los liceos técnicos en muy mal estado, el sistema educativo continua siendo el más segregado socialmente del mundo y todo hace ver que esa situación se profundizará, y el país está a punto de perder su Educación Pública en muchas zonas. No podemos permitirnos la parsimonia.
A estas alturas, es muy probable que los temas más conflictivos de la controversia del 2011, como el lucro y el financiamiento compartido – o las demandas de los universitarios en materia de gratuidad – no se vayan a resolver sino en los programas de gobierno de las diferentes candidaturas presidenciales, y en el contexto de reformas tributarias más profundas que la que se discute actualmente, que implica tan sólo 0.3% del PIB. ¿Qué se puede hacer entonces para avanzar en espacios de consenso entre posiciones tan antagónicas en lo ideológico, en lo que resta del período presidencial? A nuestro juicio, hay algunas salidas imprescindibles en cualquier escenario:
1. Carrera Docente. Acelerar, pero a la vez corregir el proyecto de Carrera Docente, de manera que la Educación Pública y la Privada reciban un trato igualitario.
2. Reforma Tributaria. Eliminar del proyecto de reforma tributaria las exenciones a gastos escolares vía impuesto a la renta.
3. Educación Parvularia. Comenzar a resolver la confusa institucionalidad de la educación preescolar, con una mezcolanza de Junji, Integra, establecimientos municipales sin jornada completa, fiscalización mezclada con provisión de servicios, y a partir de ello desarrollar propuestas de Carrera Docente que cubran también el desprotegido y olvidado sector de las educadoras de párvulos.
4. Liceos Técnicos. Elaborar a la brevedad un plan de reestructuración de los Liceos Técnicos, el sector más olvidado de la educación media, donde hay 400.000 estudiantes, que representa una de las aspiraciones estudiantiles más legítimas y sentidas.
5. Regulación Adecuada. Regular de inmediato la exigencia de tamaños mínimos indispensables para la creación de nuevas escuelas, tal como lo propuso el Panel de Expertos presidido por el hoy Ministro Harald Beyer a fines del 2010. Independientemente de la calidad de las mismas, es obvio que hay graves desperdicios de recursos públicos por no alcanzarse economías de escala en escuelas de 50 o 100 alumnos.
6. Directivos Escolares. Proveer los recursos para acelerar al máximo los procesos de concurso de Directivos municipales, así como los de su formación e inducción, pues esta es la etapa crítica imprescindible – en cualquier escenario institucional – para la mejora de gestión de las escuelas públicas. Los mecanismos de concursabilidad para directores de escuelas quedaron mal diseñados en la Ley y se están prestando para los tradicionales concursos via “retrato hablado” en el perfil de los concursantes.
7. Educación Pública. Rediseñar el fallido proyecto de Fortalecimiento de la Educación Pública que se presentó al Congreso en Noviembre, de manera de generar una solución gradual, flexible y aceptable para municipios con diversos niveles de desarrollo educativo y problemas financieros, que entregue una solución a aquellos con los problemas más severos y al borde de la extinción de su sistema educativo público.
Creemos que estas medidas debieran ser en principio aceptables para todas las partes en conflicto político o ideológico, permitirían un avance significativo de la reforma educativa, y una detención del proceso de crisis que está viviendo la Educación Pública, a la espera de lo que decida la ciudadanía a través del voto en las próximas elecciones presidenciales.
Un paquete de esta naturaleza debiera pactarse entre gobierno y oposición, al estilo del olvidado Protocolo de Acuerdo de Enero del 2011.En caso contrario, se corre el riesgo de que cada una de estas iniciativas se detenga en las discusiones parlamentarias, por exigencias del cumplimiento de alguna de las otras, entrando así en un círculo vicioso en el cual los principales perjudicados seguirán siendo los estudiantes.
En otras palabras, a la espera de una política de Estado de largo plazo, gobierno y oposición debieran al menos concordar una política de Estado de corto y mediano plazo.
Columna Mario Waissbluth
Blog de La Tercera, 16 de abril de 2011