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Lucro y los desafíos de la Ministra

Mario Waissbluth

¿Debieran las universidades tener fines de lucro?

A mi juicio, es un rotundo NO. Lo mismo piensan los estudiantes “inútiles subversivos”. Tampoco le hizo sentido al Senado norteamericano cuando publicó en 2011 un reporte demoledor respecto a los efectos que ha tenido el lucro en la educación superior. Según el Presidente de la Comisión Investigadora: “en este reporte se encuentra documentación impactante respecto a aranceles exorbitantes, prácticas agresivas de reclutamiento, resultados abismantemente malos en los estudiantes, recursos públicos gastados en marketing y embolsados como lucro, evasión y manipulación de los reguladores… Estas prácticas no son la excepción, sino la norma”.

El financista Steve Eisman: “Las universidades con fines de lucro son socialmente tan destructivas como la industria hipotecaria sub-prime”… la que condujo a la crisis financiera mundial más grande en décadas. La deuda universitaria en Estados Unidos ya superó la deuda de tarjetas de crédito, y es otra bomba a punto de explotar. En Chile ya explotó en las calles.

La otra falacia del tamaño de una catedral es que “en Chile ha sido la inversión privada la que ha permitido la gran expansión de la educación superior, y por eso deben poder recuperar sus utilidades”. Con todo respeto, la expansión de la educación superior ha sido mayoritariamente financiada por los aranceles exorbitantes que han pagado los estudiantes, y por los créditos avalados por el Estado. Sería interesante averiguar qué porcentaje del patrimonio de estas universidades – y sus empresas relacionadas – corresponde verdaderamente al aporte inicial de capital de los “dueños”. Pero no hay hasta hoy información transparente, a dos años de que se inició este conflicto.

¿Qué es “lucro”?

Según la RAE “lucro” es: “Ganancia o provecho que se saca de algo”. Esta definición representa un verdadero manjar para quienes defienden el modelo mercantilizado de educación con fines de lucro. Según ellos, bastaría entonces con que un profesor universitario gane un salario para que esa entidad pueda definirse como “con fines de lucro”. Falso. Si fuera así la Teletón y el Hogar de Cristo también tendrían fines de lucro. Tienen empleados que cobran sueldo. En realidad, se pasan de vivos. Saben bien que la ley define que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro. El sentido jurídico no es el de la RAE y es cristalino.

Una organización con fines de lucro – como una sociedad anónima – genera utilidades que puede repartir a sus dueños. La corporación sin fines de lucro es similar a una empresa: puede cobrar, remunerar, invertir en fondos mutuos, tener una panadería que sea una filial con fines de lucro que le aporte recursos, y tener utilidades a fin de año. La mega diferencia jurídica: no puede repartirlas a sus fundadores o dueños. Más aún, la palabra “dueño” cesa de tener sentido. Las utilidades deben ser reinvertidas o acumuladas. Si se cierra, sus estatutos establecen a quién debe donarse el remanente. Esto permite a dichas corporaciones recibir, además, donaciones sujetas a beneficios tributarios, es decir, co-financiadas por el Estado.

En una corporación sin fines de lucro su patrimonio ya no pertenece a sus fundadores. Ellos donaron inicialmente con un propósito de bien común, y sus “dueños” no pueden recurrir a la estratagema de pagarse sueldos fuera del valor de mercado, o efectuar transacciones relacionadas con otras empresas de su propiedad con precios por sobre el mercado o, como lo hizo la Universidad Santo Tomás, prestarle una gran cantidad de dinero a interés 0 a una empresa propiedad de los dueños, lo cual es financieramente equivalente a regalar dinero.

Cuando un Ministro comentó livianamente en televisión abierta que “ha recuperado lo que invirtió”, esto hubiera ameritado el inicio inmediato de una investigación. Los “dueños” de las Universidades, que ya no lo son, tampoco pueden vender su participación en dichas organizaciones, pues ya no son sus “dueños”. Cuando los gobiernos anteriores o actuales han escogido seguir mirando para el techo frente a hechos como éstos, han abandonado y siguen abandonando sus deberes. Lo mínimo sería haber denunciado de inmediato a la Fiscalía apenas se hubieran enterado de estas informaciones divulgadas públicamente. No necesitaban de “atribuciones” para hacerlo.

¿Resuelve el problema la Superintendencia de Educación Superior?

Los estudiantes y muchos otros estamos descontentos con el proyecto de Superintendencia de Educación Superior, tan acariciado por el gobierno. Hay muchas razones, pero me quedaré con tres.

La primera es que continúa permitiendo la existencia de empresas relacionadas, propiedad de los dueños, suponiendo que esta entidad vigilará que “las transacciones serán a precios de mercado” ¿Quién es el brujo que va a definir el “correcto precio de mercado” de un edificio de 30.000 metros cuadrados ubicado en la esquina X con Z, cuyo único posible uso es la docencia? ¿Quién va a determinar si el precio de los servicios de aseo o reparación de computadores que le está cobrando una empresa – que curiosamente es propiedad de los “dueños” – a una universidad, es el “de mercado”?

La pregunta es otra. ¿Por qué una corporación sin fines de lucro habría de transferirle sus edificios a una inmobiliaria propiedad de sus dueños, si no es con el oculto propósito de retirar utilidades? La ley debería simplemente prohibir las transacciones con empresas relacionadas, y si estas ya existen previamente, debe darles un par de años para regularizar la situación… bajo estricta supervisión de la Superintendencia.

El segundo asunto es que la Ley NO establece la figura de un Administrador Universitario Provisional, cuestión en la cual hemos insistido majaderamente, y que ha sido propuesta por Senadores de gobierno y oposición. La próxima vez que se descubra dolo o violación estatutaria flagrante (recordemos que hay 7 entidades bajo investigación de la Fiscalía y algunos rectores formalizados), la simplona solución de recurrir al cierre de las mismas sin procurar la continuidad de giro académico y financiero va a lanzar otras decenas de miles de estudiantes a la calle. No se entiende por qué el gobierno insiste en NO definir esta figura…. salvo por sus telarañas ideológicas.

La tercera es que la ley es muy débil en materia de transparencia financiera. El proyecto establece que “las instituciones de educación superior deben mantener a disposición del público la información relativa a la situación patrimonial”. No se dice cómo ni cuándo. La Senadora Lily Perez presentó en el 2011 un proyecto de ley que forzaba a la transparencia ACTIVA de todas las entidades escolares, desde jardines infantiles a universidades, privadas y públicas. Esto significa mantener en un sitio web, a disposición del público, toda la información académica y financiera actualizada, sin necesidad de tener que pedírsela a la Superintendencia ni a la propia entidad educativa. Ese proyecto nunca fue tomado en consideración… supongo que por telarañas ideológicas. Tiene menos de dos páginas. Podría legislarse en dos días, mucho más rápido que la compleja ley de la Superintendencia, e introducir aire fresco en el enrarecido ambiente de la educación. ¿Por qué no se hace de una vez por todas, y no sólo para las entidades de educación superior?

Tal vez si la Ministra Schmidt comenzara por pronunciarse sobre estos espinudos temas, su camino se comenzaría a despejar en el Congreso.

Mario Waissbluth
Blog La Tercera, 26 de abril de 2013