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El negociado de la educación superior

Mario Waissbluth

La explosión estudiantil del 2011 tuvo como origen esencial la frustración de cientos de miles de alumnos de educación superior y sus familias. De 1 millón de estudiantes, aproximadamente 400 mil terminan desertando y endeudados, 300 mil terminan con un título tan subvalorado que no podrán pagar su deuda ni en 20 años, y sólo 300 mil llegarán al “santo grial del título rentable”.

El endeudado tiene por lo  general dos padres y un hermano. Súmele los estafados por La Polar y otros abusos varios y…  tuvimos cerca de un millón de personas en la calle. Si no se arregla, los seguiremos teniendo, y quien crea que tan sólo por mejorar un poco las becas y préstamos (asunto necesario) esto se va a resolver, está muy equivocado.¿Qué está ocurriendo?.

a) 40% de los alumnos que ingresan a educación superior no entiende lo que lee ni puede realizar operaciones aritméticas sencillas. ¿Es culpa de ellos? Mayoritariamente, no. Es culpa de un sistema escolar que no fue capaz de darles esas competencias a lo largo de doce años. De no creerse, pero es. He conocido estudiantes de ingeniería civil o comercial de caras universidades cota 1000, que ingresaron con 650 puntos en la PSU de matemáticas,  provenientes de colegios privados, que no logran entender qué es un logaritmo, por más que tratan. En realidad, nunca entendieron de fondo lo que es un número o una ecuación simple.

b) La tasa de deserción bordea el 40%, y en algunas carreras llega al 65%. Esta ocurre tanto por razones académicas (no entienden lo que leen), como de desorientación vocacional, como económicas. Pero en la pasada, los damnificados dejaron algunos millones de pesos en las arcas de los proveedores, con el Estado en muchas ocasiones pagando avales.

c) Las carreras universitarias y técnicas duran en promedio 40% más de lo anunciado en sus vistosos posters y anuncios de prensa. La excusa de los “proveedores”: los estudiantes llegan mal preparados. Ni que hablar de que sus procedimientos de selección en muchos casos son simplemente  inexistentes. Aplicar algún filtro de selección iría contra el negocio, por supuesto.

d) Muchas carreras obligan a los estudiantes a tomar un buen 25% de materias innecesarias para su formación, extendiendo así su duración, facilitando de pasada el aumento de aranceles y la duración formal de las carreras.

e) En las universidades que realizan investigación, y que por ende cuentan con una masa indispensable de profesores full-time con doctorado y caras instalaciones, la mayor parte de ese costo NO es pagado por el Estado como en otros países, sino por… adivine quién… los aranceles de los estudiantes.

f) De cinco mil carreras de educación superior esparcidas por el  territorio, cerca de mil cuentan hoy con acreditación, y de esas, posiblemente la mitad son espurias. Las universidades e institutos publicitan su timbre de “acreditada”, pero omiten cuidadosamente explicitar cuáles de sus carreras están acreditadas y por cuántos años.

En el caso de las instituciones que no realizan investigación, para aquellas menos serias y más negociantes las matemáticas financieras resultantes son metafóricamente simples: 25% de sobrecarga innecesaria de cursos + 40% de deserción + 40% de sobre-duración = 105% de rentabilidad de la inversión…. financiada por aranceles que son los más altos del mundo en relación al ingreso per cápita. Incluso si no han extraído utilidades  para sus bolsillos hasta ahora, el aumento de su patrimonio inmobiliario, basado en la expansión a numerosos campus y nuevas carreras, es sideral y fue financiado por… adivine quién… los aranceles de los estudiantes.

En suma, esto es un escándalo, y lo sorprendente es que no haya explotado antes del 2011. Esta es La Polar Universitaria. Para peor, el engañoso discurso es que a los estudiantes se les está “haciendo el favor de darles una oportunidad”. Es como “hacerle el favor”, a una familia pobre y que desconoce el concepto de tasa de interés, de venderle un televisor plasma que vale $200 mil pesos en 40 cómodas cuotas de $20 mil.

Para salir de este pantano, en adición a las decisiones ya anunciadas de becas y créditos, se requieren otras medidas urgentes.La primera de ellas sería el establecimiento de un año pre-universitario (no confundir con los preuniversitarios con fines de lucro para preparar la PSU) o si se quiere, llamémoslo propedéutico, o 5º año medio. Este debiera ser licitado por el Estado entre instituciones serias, acreditadas, y su propósito sería tratar de paliar el daño producido por los doce años escolares, proveyendo habilidades mínimas indispensables de lecto-escritura y aritmética, así como una imprescindible orientación vocacional.  Las entidades que los provean no quedarían como “dueñas” de esos alumnos, quienes después debieran poder postular donde se les antoje.

Todos los estudiantes de los primeros 4 quintiles que así lo deseen, y que hayan logrado menos de 550 puntos en la vilipendiada PSU, debieran poder acceder gratuitamente a este programa, para así mejorar sus posibilidades futuras. Sabemos que la PSU no mide excelencia, que no es un adecuado predictor de rendimiento, y que debe ser mejorada, pero lamentablemente, menos de 550 puntos es hoy una virtual garantía de incomprensión lectora y aritmética, y en eso hay bastante certeza.

Este año intermedio le costaría al Estado menos de la mitad de lo que cuesta ofrecer cursos universitarios a los alumnos. Alguien dirá que es una solución parche, que lo adecuado es arreglar el sistema escolar. Obvio, esta es una solución transitoria, pero no podemos esperar otros 10 años para ofrecer una alternativa a las ovejas que hoy están ingresando al matadero financiero de la educación superior, muchas veces a dilapidar valiosos años de vida laboral.

En segundo lugar, urge ponerle una bomba al desacreditado sistema de acreditación, demolerlo, y sustituirlo por otro que a) vea los resultados de las actividades formativas, b) compruebe la transparencia, completitud y veracidad de la información que proveen al “mercado educativo” y c) aseguren una mínima seriedad en sus procesos de admisión.

En tercer lugar, ni un solo peso de gratuidades, becas o créditos del Estado debiera asignarse a instituciones de educación superior que a) no estén debidamente acreditadas, b) que no exhiban un mínimo de seriedad en sus procesos de admisión y/o de nivelación, sean estos CFT, Institutos o Universidades, y c) que tengan aranceles, tasas de deserción, o duración real de carrera anormalmente excesivas.

En cuarto lugar, y no necesariamente en este orden, es el Estado quien debiera financiar los verdaderos costos de la investigación, y no forzar a las universidades de excelencia a financiarla con cargo a los aranceles de los alumnos. Esa pura cuenta debe andar por el orden de los US$ 500 a US$ 1000 millones por año.

Por último, el Estado debe ser un padre diligente de sus propias entidades de educación superior. Esa es harina de otro costal y la dejamos para otro día y otra columna. Por ahora, limitémonos a tomar una determinación: llegó la hora de ponerle coto al libertinaje de mercado en la educación superior.

Mario Waissbluth
Blog La Tercera, 22 de abril de 2012