No me referiré a la pertinencia de entregar gratuidad a aquellos estudiantes cuyas familias de mayores recursos podrían estar dispuestas a financiarles sus estudios en la educación superior. Ese es para mí un objetivo deseable… hacia el 2030, siempre y cuando nuestro ingreso per cápita promedio haya superado los US$ 30 mil dólares y se hayan resuelto otras graves carencias como sistema preescolar, pensiones mínimas y salud primaria. Siendo deseable a largo plazo, dista mucho de ser la principal solución a nuestros graves problemas educativos.
Dicho esto, es necesario partir de una premisa: después de treinta años de libertinaje de mercado casi total, y de expansión desenfrenada del sistema de educación superior, lo que tenemos es un verdadero caos, cuyo ordenamiento tomará, por lo bajo, más de una década, probablemente dos.
En ese contexto, adoptar medidas tipo “parche curita”, como la anunciada gratuidad para el 2016 por vía de la ley de Presupuesto ya contribuyó a aumentar el caos –como lo demuestra la toma de 20 universidades “no Cruch” en las semanas siguientes al anuncio de esta equivocada medida– y lo continuará generando en caso de que las nuevas legislaciones de educación superior no cuadren en sus reglas con los estudiantes que serán beneficiados en esta pasada.
Los defensores del desenfreno y libertinaje educativo siempre aducen la manoseada frase de que “hoy el 70% de los estudiantes de educación superior tienen padres que no asistieron a la educación superior”, lo cual es bueno… pero hasta por ahí no más. A continuación, siete manifestaciones del caos que se generó:
1. Tenemos un sistema que incentiva la competencia y obliga a las familias a endeudarse por décadas. Somos el país de la OCDE donde las familias cubren el mayor porcentaje del gasto en educación superior: de cada 100 pesos invertidos, 76 lo cubren las familias (en el resto de los países es sólo 31). Apenas el 34% de los recursos que reciben las instituciones de educación superior corresponde a un aporte directo, situación más dramática en las universidades estatales, donde sólo el 24% de su financiamiento está asegurado por el Estado. El 40% de los estudiantes terminó desertando y endeudado, y otro 30% recibe “títulos de baquelita” cuyo valor en el mercado laboral es tan mediocre que no les dará nunca para pagar sus deudas.
Cuando logran egresar, en promedio es un 40% más tarde de lo previsto originalmente. Tenemos tres veces más estudiantes de pedagogía de lo necesario, y lo mismo puede decirse de otras carreras humanísticas. La promesa fue: “ven conmigo, trae tus letras, te espera un futuro esplendor, y te regalo un Ipad si te matriculas temprano”. Tarde se dan cuenta los postulantes, especialmente los más pobres, de lo espurio de la promesa. Es inevitable comenzar, si no a regular números de estudiantes por carrera, por lo menos a poner límite a algunas de las situaciones más aberrantes. En caso contrario, la ecuación “aranceles de referencia (número de matriculados) y demanda de recursos financieros” no tendrá solución, salvo en el espacio imaginario.
2. El desorden arancelario y de calidad es total. Por ejemplo, Ingeniería Comercial en la U. de la República cuesta $ 1.2 millones al año, en la Gabriela Mistral es $ 3.9 millones (ambas no acreditadas), en la U. Austral (con programas de investigación y doctorados) es $3.1 millones y en el extremo, la U. del Desarrollo, casi sin investigación, es $5.5 millones. ¿Serán estos aranceles proporcionales a la calidad de la formación? Si es así, quiere decir que hay ofertas inaceptablemente malas. Si no es así, hay excedentes monetarios intolerables. En este contexto, definir aranceles de referencia para cerca de 12 mil carreras y programas es una tarea casi imposible, menos aún si estos se usan para financiar actividades de investigación en algunas entidades.
En medicina, separar docencia de investigación es un rompecabezas insoluble. Más en general, el esquema de financiar la gratuidad vía aranceles de referencia en este contexto, “sin anestesia”, puede generar una situación completamente conflictiva.
3. Cerca del 75% del total de carreras y programas en universidades, institutos y CFT jamás han pasado por un proceso de acreditación. Su tamaño promedio es de 70 alumnos por programa. No por nivel. Por pro-gra-ma. Este libertinaje se ha dado al amparo del financiamiento del CAE: una vez obtenida la acreditación institucional, muchas veces dudosa, las instituciones se lanzaron en una loca carrera por expandirse a nuevas sedes, incluyendo el absurdo de universidades regionales abriendo programas en Santiago porque es mejor negocio, o porque es la única forma que tienen de financiarse. ¿Se le puede dar gratuidad a estudiantes que van a instituciones acreditadas por pocos años, donde un alto porcentaje de sus carreras ni siquiera ha pasado por el proceso de acreditación? En el necesario ordenamiento de este sistema, no es improbable que más de la mitad de las instituciones y/o carreras tengan que ir cerrando o fusionándose a lo largo de la próxima década, cuidando de no dejar en la calle a sus alumnos. ¿Cómo se administra el tránsito del caos al orden en ese aspecto?
4. Por si hay dudas sobre la (pésima) calidad de la formación en educación superior: según el Segundo Estudio de Competencias Básicas de la Población Adulta 2013, desarrollado por el Centro de Microdatos de la U. de Chile, un 27% de los adultos con educación superior terminada están en nivel 1 de alfabetización en prosa, y un 38% en el nivel 2 en la escala de 1 a 5. Insistamos, porque hay gente que no quiere ver ni creer, están en estado de negación: entre 60% y 70% de quienes están o han estado en educación superior no tienen un manejo mínimo adecuado de prosa, documentos o comprensión aritmética, y sólo un 8% tiene un manejo suficiente para resolver problemas aritméticos de nivel 3o medio.
En otras palabras, estos “emporios de venta de cartones”, a clientes mal preparados y desinformados, ni siquiera se toman la molestia de nivelar a sus estudiantes para adquirir las competencias profesionales más elementales. ¿Se le puede dar gratuidad y financiar entidades que están abusando de sus alumnos y de los recursos del Estado de esta manera?¿Será mucho pedir que nuestros profesores, periodistas, ingenieros, soldadores o kinesiólogos tengan comprensión total de prosa, documentos y aritmética?
5. En cuanto a la tipología de instituciones de educación superior, hay de todo: bueno, malo, pésimo y excelente, e híbridos de todo tipo. La diversidad es buena, pero no tanto: hay universidades Cruch que son peores que universidades no Cruch; hay privadas que parecen públicas, hay confesionales que reciben recursos del Estado; hay prebendas financieras por el solo hecho de pertenecer a este añejo club; los Institutos y CFT son los hermanos pobres que se sientan en “la mesa del pellejo”; hay universidades que en realidad son institutos; las hay con fines de lucro real, con fines de lucro que no lucran, sin fines de lucro, y sin fines de lucro que lucran; hay institutos que aspiran a ser universidades sin serlo; hay criterios de acreditación inapropiados para los institutos profesionales. La ansiada flexibilidad de estudios, el santo grial en países avanzados, debiera consistir en que un estudiante pueda comenzar en un CFT, trabajar un par de años, y luego retomar estudios universitarios con reconocimiento de cursos. Aquí los criterios de acreditación y los criterios académicos añejos y clasistas no sólo no fomentan sino que castigan este tránsito.
6. Las universidades estatales (algunas buenas, otras pésimas) están completamente estranguladas en rigideces burocráticas. Se pretende que “compitan” con las universidades privadas, operando como si fueran ministerios, llegándose al extremo de que en algunas regiones la Contraloría exige que los profesores firmen a la entrada, a la salida, y también si salen “en comisión de servicio” para ir a una reunión al centro de la ciudad. Increíble pero cierto. La burocracia interna es infernal, su gobierno corporativo inadecuado, sus sistemas de adquisiciones hacen que un PC salga 3 veces más caro que ir a comprarlo a la esquina. No quiero imaginar cómo les va a ir a las nuevas universidades y CFT estatales que se están creando hoy si son sometidas a semejantes calvarios. Hay otras universidades públicas completamente capturadas por algunos de sus directivos. En suma, otorgar más recursos para universidades públicas (cuestión imprescindible) sin ordenar su gobierno corporativo y su autonomía administrativa dejará las cosas peor que antes.
7. La educación técnico profesional, la más relevante para la equidad salarial y para el desarrollo de la productividad del país, continúa sin un marco de políticas claras, y sigue siendo “el hermano pobre” de la educación superior. El discurso del Cruch y de la Confech, así como las políticas de admisión y financiamiento, continúan ignorando ignominiosamente a este sector, que a la larga debiera constituir 2/3 de la matrícula de la educación superior.
En este escenario caótico, la nueva ley de acreditación es una de las medidas más urgentes, y el robustecimiento institucional de la correspondiente Comisión, es una pieza maestra. Es en los conceptos y criterios de acreditación obligatoria de las distintas tipologías de instituciones de educación superior, la que debe obtenerse con una muestra verdaderamente representativa de sedes y carreras, que debiese quedar plasmada en la política de Estado. ¿Cuánto tiempo tomará acreditar todo el sistema? ¿Hay suficientes pares evaluadores con competencias certificadas?
Obviamente se requiere también una Superintendencia de Educación Superior para coartar los libertinajes por todos conocidos. Una vez ordenado este caos, y tomará años lograrlo, los mecanismos de financiamiento deberán ser una sesuda combinación de financiamiento a la oferta, a la demanda, fondos concursables y financiamientos basales, pero previamente hay que definir la política de Estado de lo que corresponde o no apoyar e incentivar, y en qué medida. Las soluciones triviales o simplonas no servirán, menos aún los parches curita adoptados por la urgencia de mandar señales políticas a “la calle”.
La tarea más urgente del gobierno en educación superior es definir y poner a discusión con la ciudadanía el itinerario legislativo, técnico y financiero con el cual el país ordenará este caos institucional y financiará a los estudiantes. Una política de Estado, y no de gobierno, a desarrollar en varias etapas sucesivas. Lo peor será continuar sacando “conejos del sombrero”, mandando proyectos de ley o presupuestos al Congreso, sin explicar el panorama completo y de largo plazo.
En suma, Chile está enfrentando uno de los problemas técnicos y políticos más complejos del mundo en materia de educación superior:¿cómo transitar de un sistema totalmente caotizado a uno ordenado y racional, gradualmente, sin desbarrancarlo en el camino, damnificando a millones de estudiantes, familias, profesores y funcionarios? Esto es muchísimo más difícil que diseñar un sistema desde cero, y no se puede hacer “borrón y cuenta nueva”. El verdadero gesto de estadista sería reconocer y aceptar la complejidad de este problema, por ende reconocer la necesidad del gradualismo, y sobre todo no imponer reglas rígidas durante el tránsito.
Una buena manera de navegar a través de esta turbulencia en la próxima década es crear un cuerpo autónomo, independiente, con gobernanza estilo Banco Central, de personalidades reconocidas y respetadas, de tiempo completo, con verdadera autoridad para negociar las miles de excepciones que irán apareciendo respecto a las mutantes reglas generales, con cada entidad de educación superior. Esta figura ya existe en el Reino Unido y se llama “Higher Education Funding for England”. Su funcion es “distribuir el dinero público a universidades e institutos en Inglaterra, incentivando la excelencia en investigación, docencia, enseñanza e intercambio de conocimientos”. En la crispada y polarizada situación chilena, dejar esta función, y US$ 5 mil millones de dólares anuales, en manos de una burocracia pública que rota cada 4 años (o menos) sería casi suicida.
Por último, pretender aplicar lógicas, normas y modelos mecanicistas y lineales, basadas en consignas y modelos teóricos, a un sistema complejo e impredecible, de múltiples actores, como se hizo con el Transantiago, sólo generará aún más caos, y ya tenemos suficiente.
Mario Waissbluth
Voces de La Tercera, 23 de septiembre de 2015