Un tema fundamental que ha instalado el movimiento estudiantil es la legitimidad de los actuales mecanismos de decisión social. Por ejemplo, si la mayor parte del país no acepta el lucro en educación, ¿por qué el lucro es legal en educación escolar y existe, aunque es ilegal en educación superior? ¿Se debe gobernar por lo que dicen las encuestas o la opinión de algunos actores sociales? ¿Es más legítimo un plebiscito que una votación en el Congreso?
Vamos por parte. Casi la totalidad de la institucionalidad escolar es heredada de la reforma impulsada a comienzos de los 80 por lo que, desde el punto de vista democrático, no sería “legítima”. Sin embargo, ésta fue “legitimada” a través de las instituciones de la democracia representativa y sus mecanismos se han corregido y perfeccionado en el tiempo: subvención preferencial y mecanismos de aseguramiento de la calidad en el sistema escolar; sistema de acreditación institucional y expansión del crédito en educación superior, por citar algunos.
No obstante esto, el movimiento estudiantil ha puesto en duda las normas que rigen el proceso de confección de reglas. Los dedos apuntarían especialmente hacia el sistema binominal -que sobrerepresenta a la minoría más numerosa y excluye al resto de las minorías- y a la falta de transparencia de la política, en particular, por las posibilidades que ofrece a los poderosos de influir y por los conflictos de interés no resueltos que afectarían a la clase política. Esta falta de confianza en las instituciones sería la que lleva a proponer el plebiscito como mecanismo que aseguraría que las cosas se resuelvan con mayor “legitimidad” (más que un rechazo a la representación en sí).
Por espacio me centraré en el tema del plebiscito. La clave de la democracia está en la deliberación, esto es la posibilidad de escuchar a otros y ser oído por ellos, de convencer y ser convencido. Entre los que han debatido sobre el contrato social, Rousseau está relativamente solo al sugerir que el ser humano debe aislarse del resto para escuchar en su soledad el verdadero “interés general“. La mayoría piensa que ese interés general sólo puede aparecer a través de la deliberación, en tanto que la deliberación abierta sería el mejor mecanismo para neutralizar a los grupos de interés que conocen de memoria los pasillos del poder. Ese fue el rol central del Senado en Atenas y la mayoría de los países del mundo lo conservan. Los representantes electos por la ciudadanía son los que tienen la misión de crear las reglas que nos rigen, a partir de las distintas opiniones e intereses, así como de la evidencia científica.
Este modelo tiene al menos dos fundamentos. Primero, la representación es eficiente porque delega en un grupo reducido de personas las tareas relativas a la creación de reglas, el cual se especializa en esta materia y deriva la legitimidad del voto ciudadano. Imagínese si todo el día estuviéramos dedicados a deliberar sobre todos los asuntos públicos ¿quién produciría, quién enseñaría, quién cuidaría a los niños y a los enfermos? Segundo, el problema histórico de la deliberación radica en que debía confinarse a un grupo reunido en una sala. Con ello requería representación dos veces, ya que no todos los ciudadanos caben en una sala y no todos los que caben en ella podrán hablar.
En el año 2010, Juan Velásquez mostró en un artículo publicado en Information Society que las nuevas tecnologías pueden vencer las limitaciones de tiempo y espacio permitiendo la deliberación de miles (y eventualmente millones) de personas. Esto utilizando las técnicas de minería de datos para reproducir los patrones de aprendizaje del cerebro humano y extraer conclusiones de procesos de diálogo virtuales (sin las limitaciones respecto a la cantidad de información que el cerebro humano puede procesar).
De aquí que circunscribir hoy día la deliberación a representantes electos se justifica más por el primer argumento -eficiencia- que por el segundo, imposibilidad técnica. El tiempo es escaso, no podemos debatirlo todo. De hecho, un papel clave de la prensa sería abrir espacios de deliberación respecto de los cuales las personas pueden seleccionar lo que más les interesa.
Lo que no es aceptable es que un grupo de interés o sus representantes se adjudiquen la representación de toda la ciudadanía e intenten forzar las decisiones políticas en su favor. La deliberación abierta fomenta que los grupos de interés que buscan su propio beneficio a expensas del resto gracias a la falta de transparencia sean neutralizados y las reglas y recursos sean guiadas por el interés general. Estos son algunos elementos que deben considerarse en la discusión actual, más allá del movimiento estudiantil, que ha abierto una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestra educación y nuestra política.
Pablo González, investigador Centro de Sistemas Públicos (CSP)
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