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Agencia de semáforos educativos

Mario Waissbluth

Algunos de los países con los mejores sistemas educativos del mundo (Finlandia, Nueva Zelandia, China y Canadá) han decidido reducir o incluso eliminar las mediciones estandarizadas nacionales que se realizan en sus escuelas, por los incentivos perversos que ellas generan. En cambio, nuestro país decide profundizar el esquema, con un currículum francamente hipertrofiado, y midiéndolo con SIMCE de 2º, 4º, 6º, 8º Básico, 2º Medio y 3º Medio Inglés. Como para enloquecer y robotizar a cualquier profesor y alumno.

Hay consenso internacional en que la verdadera calidad de una escuela no se refiere únicamente al valor de SIMCE que obtiene, sino al valor que los profesores le agregan a sus alumnos, dependiendo del capital cultural de su familia, y el contexto de la escuela. Los mismos profesores y programas, con niños de diferente estrato socioeconómico, obtienen resultados completamente diferentes. También obtienen resultados diferentes si la escuela hace selección académica de sus alumnos, que si no lo hace.

Sorprendentemente, la propuesta de ordenamiento de escuelas presentada por la Agencia de la Calidad contradice toda la práctica internacionalmente aceptada. Al momento de considerar las diferencias socioeconómicas entre los alumnos, no valora adecuadamente la concentración de vulnerabilidad, es decir, los efectos que surgen de agrupar en un mismo espacio a un alto número de estudiantes provenientes de familias con bajos recursos, con un bajo capital cultural y elevada presencia de problemas psicosociales.

Para empeorar las cosas, han decidido arbitrariamente “saltarse su propia metodología” y dejar una escuela de alto SIMCE (generalmente particular pagada) en la categoría “top”, aunque los resultados del ranking que ellos mismos proponen digan otra cosa. El incentivo que generan así es obvio: para que una escuela pueda escalar posiciones a la categoría “top”, el recurso más rápido y expedito es subir el costo de los aranceles o del financiamiento compartido. Así, sin mayor esfuerzo, obtendrán niños de mayor capital cultural, y por ende mejores resultados y un mejor rankeo sin mover un dedo. De pasada se llenarán un poco más los bolsillos.

A la inversa, también han decidido arbitrariamente “saltarse su propia metodología” y, si una escuela obtiene un bajo SIMCE, aunque esté agregando verdadero valor educativo en una escuela que es un bolsón de indigencia y vulnerabilidad, va a quedar de todas maneras en la peor categoría, en riesgo de cierre, aunque los resultados del ranking que ellos mismos proponen digan otra cosa. Es cosa de imaginar el ánimo y el clima entre los profesores y directivos de esa escuela. Habría que preguntarle a alguno de los expertos de la Agencia si postularían a un cargo de Director, sabiendo que la metodología “cargó los dados en su contra”, y que vivirá al borde del cierre y la pérdida de su cargo injustamente. Insólito. Hemos vuelto sutilmente a los tristes “semáforos del SIMCE” de 2010, que fueron tan repudiados que tuvieron que ser suspendidos.

Hay más. La propia ministra Schmidt ha denunciado recientemente a las escuelas que por años han violado la Ley General de Educación, realizando procesos de selección académica en Básica. Nuestros “expertos” de la Agencia han decidido obviar este hecho en sus procesos de rankeo de escuelas. Es decir, aquellas que han violado la ley obtendrán mejores resultados, al igual que aquellas que realizan sutiles procesos de expulsión prematura de alumnos desaventajados. Los incentivos que están generando así son cristalinos. Descremar alumnos legal o ilegalmente, va a producir mejores resultados en el “ranking”. Inconcebible.

Como hemos señalado reiteradamente, Chile tiene – según la última medición PISA – uno de los sistemas educativos más segregados del mundo, peor que el resto de América Latina. Existen escuelas que sólo atienden a alumnos de alta vulnerabilidad, y otras únicamente a alumnos de elevado nivel socioeconómico y capital cultural. Por ello, un mínimo exigible a cualquier medición es que sea justa. El sistema debe hacerse cargo de esta realidad.

Es importante reflexionar sobre las consecuencias de implementar un sistema con un alto número de pruebas censales y un ordenamiento que implica el cierre de las escuelas de menores resultados. Es cierto que nuestros mediocres resultados en el contexto internacional nos obligan a efectuar mediciones que permitan conocer aquellas áreas más débiles del sistema educativo en las cuales debemos centrar los esfuerzos. Sin embargo, asociar dichas pruebas a premios o castigos que incluso signifiquen el cierre es una cuestión que –está comprobado – no genera una mejora en la calidad de la educación, sino que muy por el contrario, muchas veces termina por destruir las comunidades educativas. Nos lo dice el mundo. La soberbia ideológica le impide escuchar a los así llamados expertos de la Agencia.

Así entonces, hacemos un llamado urgente a las autoridades del Consejo Nacional de Educación para que consideren estas deficiencias a la hora de analizar la propuesta metodológica presentada por la Agencia de la Calidad. Sería importante que, en amplia deliberación pública y transparente, en esta instancia se aclarara porqué se optó por esta obsoleta metodología, y además distorsionándola deliberadamente en los extremos de alto y bajo valor del SIMCE.

Llegó además la hora de preguntarse si acaso conviene otorgar un peso específico tan importante al SIMCE, cuando existen profundos cuestionamientos a su eficiencia como indicador de calidad. Cometimos como país un serio error dándole un excesivo peso al SIMCE en estos procedimientos de ordenamiento al aprobar en 2011 la Ley de Aseguramiento de la Calidad.

Por ende, nuestro segundo llamado es a las autoridades del Ejecutivo y el Congreso, a fin de que se revise la legislación que creó el “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación”. Esta ley todavía no se implementa y por tanto no tiene consecuencias conocidas: hay entonces una oportunidad para modificar aquellos elementos que puedan perjudicar el cumplimiento del objetivo fundamental, esto es, el acompañamiento y apoyo de aquellas escuelas con mayores dificultades y peores resultados.

Hacemos finalmente un llamado a postergar la primera ordenación de escuelas, hasta tanto una comisión internacional de especialistas no haya revisado este dudoso procedimiento. Hacerlo tal como está propuesto puede tener consecuencias graves para el sistema escolar chileno, generando una nueva oleada de incentivos perversos que favorecen la segregación socioeconómica y académica, y que perjudican – una vez más – a la educación pública, que es la que se lleva el peso de la responsabilidad en la educación de los niños vulnerables.

Mario Waissbluth, 2 de agosto
Voces La Tercera