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Cierre evaluación Programa de Licitaciones de la Defensoría Penal Pública

En noviembre concluimos con éxito el proyecto “Evaluación del Programa de Licitaciones de Defensa Penal Pública de la Defensoría Penal Pública”, de acuerdo con los requerimientos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

El objetivo general de este estudio consistió en revisar y evaluar la eficiencia de las licitaciones de Defensa Penal Pública de la Defensoría Penal Pública (DPP), en tanto que los objetivos específicos se concentraron en seis áreas:

  • Definir el servicio de Defensoría General, Penitenciaria y de Primera Audiencia, estableciendo las etapas relevantes del proceso de cada una de ellas, provisto en forma mixta, pública y privada.
  •  Analizar y evaluar el desempeño e incentivos del mecanismo de licitación en los distintos llamados y para los distintos tipos de servicios de defensa, considerando a lo menos el porcentaje de licitaciones exitosas, promedio de oferentes por licitación, porcentaje de ahorro por precio.
  • Desagregar las etapas relevantes que aseguran la provisión del servicio de defensa para los distintos tipos de servicio de defensa penal pública, clasificando el costo (directo e indirecto, en caso de existir) y calculando el tiempo que ellas requieren (incluyendo aquellas que son delegadas a otras entidades públicas o privadas).
  • Calcular el costo del servicio de defensa penal pública en los distintos llamados y para los distintos tipos de servicios de defensa desagregado por aquellas variables consideradas relevantes provistas por defensores locales, licitadas por contratación directa y de manera particular.
  • Comparar por etapas, y en forma agregada, el costo del servicio de defensa penal pública, provisto por defensores locales, licitados por contratación directa y de manera particular.
  • Indicar si hay espacios de mejora/optimización en términos de costo y oportunidad en la provisión del servicio.

Para ello, el Centro de Sistemas Públicos efectuó una revisión exhaustiva tanto de la normativa como de la operatoria del sistema de licitaciones mediante el cual la Defensoría Penal Pública (DPP) contrata la prestación de servicios de defensa de personas inculpadas.

Rodrigo Salas, investigador del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y parte del equipo de investigadores de este proyecto, cuenta que la revisión del Programa de Licitaciones de Defensa Penal de la DPP consistió en un análisis que contrastó diversos aspectos de esta modalidad de provisión versus la provisión de defensa mediante defensores locales (funcionarios de planta de la Defensoría), defensores contratados por trato directo y defensores privados.

“Para materializar esta tarea se procedió a la individualización y tipificación del conjunto de actividades (gestiones) que la provisión de servicios de defensa requiere para luego, mediante la combinación de información administrativa (registro interno de gestiones) e información recolectada mediante entrevistas (duración promedio de cada gestión), para comparar el costo de las diversas modalidades de provisión de defensa utilizadas por la Defensoría”.

 La ejecución de este proyecto contempló el desarrollo de cuatro etapas: 1) Descripción del servicio de la Defensoría Penal Pública (en base a revisión documental y entrevistas), 2) Análisis de costos y eficiencia de este servicio (a partir de datos administrativos, revisión del sistema de registro de las actividades de los defensores y una encuesta), 3) Análisis de las licitaciones (levantamiento documental, revisión de participación y adjudicación de los distintos llamados de licitación y análisis de los indicadores involucrados en la gestión de estas licitaciones y sus resultados)y 4) Brechas y recomendaciones (de corto y largo plazo a partir de la información levantada y un taller con la contraparte de Dirección de Presupuestos y la Defensoría Penal Pública).

Recomendaciones

“Los principales resultados de este estudio consistieron en un costeo de la provisión del servicio de defensa penal y algunas recomendaciones para una mejor gestión de personas como política integral de la Defensoría Penal Pública”, señala Noam Titelman, investigador asociado del Centro de Sistemas Públicos (CSP).

Del análisis realizado, y de acuerdo a lo que explican los investigadores a cargo de este proyecto, se relevó que la provisión de servicios de defensa por un defensor licitado es menos costosa que la provisión por parte de defensores locales.

“A juicio de la mayoría de los actores de la DPP consultados, esta diferencia tiene su génesis en el hecho de que las causas de mayor complejidad y mayor connotación social son generalmente asignadas a defensores locales, razón por la cual no resulta evidente la existencia de oportunidades de reducción de costos por la vía, por ejemplo, del reemplazo de defensores licitados en lugar de defensores locales”, detalla Rodrigo Salas.

Agrega:
“El estudio también permitió identificar oportunidades de aumento de eficiencia por la vía de la especialización del trabajo, esto es, que aquellas tareas de la defensa que requieran un menor nivel de expertise, tales como las audiencias de control de detención, puedan ser asignadas a defensores de menor grado de experiencia o preparación y que aquellas requieren mayor preparación, tales como las audiencias de juicio oral, sean asignadas a defensores con mayor grado de experiencia y/o especialización, tal como los defensores locales. En alguna medida esta sugerencia ya ha sido implementada parcialmente por la DPP mediante la licitación (por separado) de los servicios de defensa de primera audiencia”, indica Salas.

Concluye:
“Finalmente, el estudio da cuenta de una serie de aspectos del proceso licitatorio que, al fortalecerse, permitirían reducir los precios ofrecidos por los proponentes, permitiendo con ello aumentar la eficiencia en la provisión de los servicios de defensa”.

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Crédito foto portada: Proyecto Inocentes