La metodología del estudio se estructuró como un proceso secuencial, iterativo y acumulativo, orientado a asegurar la trazabilidad entre diagnóstico, comparación internacional y diseño de propuesta. Se fundamentó en tres pilares centrales: triangulación de fuentes, integrando revisión normativa y documental, análisis de registros administrativos del Servicio y levantamiento cualitativo mediante entrevistas y focus groups con actores clave; comparabilidad, mediante el desarrollo de un benchmarking nacional e internacional basado en criterios explícitos para evaluar esquemas de financiamiento en países como España, Italia, Noruega, Uruguay, Colombia y la experiencia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; y co-creación institucional, a través de un proceso sistemático de talleres temáticos, espacios de validación y trabajo colaborativo con la contraparte técnica del Servicio. Este enfoque permitió articular evidencia cuantitativa y cualitativa, identificar brechas estructurales en el sistema actual y traducir los hallazgos en definiciones técnicas aplicables para el diseño del nuevo esquema de financiamiento.
El estudio identificó, por medio de la metodología empleada, una serie de hallazgos estructurales que evidencian las limitaciones del actual esquema de financiamiento del Servicio. Entre los principales resultados destacan:
Asimismo, se constató una gobernanza excesivamente centralizada, marcada por alta carga administrativa, criterios dispares de supervisión y una estructura que concentra múltiples funciones en el Servicio. El benchmarking internacional confirmó estas brechas, mostrando que los sistemas más sólidos incorporan financiamiento basal estable, mecanismos de aseguramiento de calidad y mayor autonomía territorial, elementos ausentes en el modelo vigente y fundamentales para avanzar hacia un sistema más sostenible y eficiente.
El análisis integrado de diagnóstico, benchmarking internacional y el diseño de un nuevo esquema, concluye que el actual esquema de financiamiento presenta limitaciones que dificultan una operación estable y orientada a resultados de calidad. El sistema vigente, basado en subvenciones transaccionales, no permite sostener estándares adecuados de intervención, depende fuertemente de las capacidades patrimoniales de los colaboradores y no resuelve las asimetrías generadas por la heterogeneidad territorial y programática. La evidencia muestra que avanzar hacia un modelo de contratos relacionales, con financiamiento basal, incentivos a la calidad y mecanismos de colaboración ex post, es una condición necesaria para fortalecer la continuidad técnica, la acumulación de capacidades y la profesionalización del sistema. En definitiva, el estudio confirma que el cambio de paradigma es imprescindible para superar las brechas estructurales, mejorar la previsibilidad financiera, reducir la rotación de equipos y garantizar que el financiamiento se convierta en una herramienta que habilite la protección especializada, en lugar de un factor de precarización.
A partir de los hallazgos, el estudio recomienda avanzar en la implementación gradual de un nuevo esquema de financiamiento basado en contratos relacionales, acompañado de financiamiento basal suficiente que cubra los costos reales de operación y permita desarrollar capacidades técnicas estables. Se sugiere establecer una hoja de ruta en fases que incluya modificaciones normativas prioritarias, ajustes institucionales, fortalecimiento de la gobernanza colaborativa y la creación de un sistema de evaluación y monitoreo alineado con estándares de calidad. Asimismo, se recomienda desarrollar tarifas parametrizadas que integren factores territoriales, de escala y complejidad, incorporar incentivos al desempeño y garantizar la coherencia entre la supervisión técnica y el financiamiento. Finalmente, se enfatiza la necesidad de fortalecer la oferta de prevención y promover la mejora continua mediante mecanismos de aprendizaje institucional, asegurando que la transición hacia el nuevo modelo sea progresiva, controlada y sustentada en evidencia.