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Diciembre 2018 · Junio 2019

Análisis de Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos

Objetivo: Realizar un análisis de políticas públicas nacionales que incorporan enfoque de Derechos Humanos, sistematizando la información generada a partir de los hallazgos encontrados, y generando un Banco de políticas públicas que incorporan el engoque de Derechos Humanos. Todo lo anterior en las áreas temáticas de Niños, Nilñas y Adolescentes; Personas Adultas Mayores; y Diversidad Sexual.
Instituciones: Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Derechos Humanos
Temáticas: Desarrollo Humano
Sectores: Desarrollo Social, Justicia
Jefe de Proyecto
Coordinadora
Coordinador - Profesional Levantamiento de Información
Profesional Levantamiento de Información
Profesional Levantamiento de Información

Descripción

La Subsecretaría de Derechos Humanos, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha impuesto como su misión el “contribuir a la promoción y protección de los Derechos humanos, articulando de manera coordinada a organismos e instituciones públicas a fin de impulsar la elaboración de políticas y planes con enfoque de Derechos Humanos con impacto social; y para los casos de violaciones a los derechos humanos, propender a la verdad y garantías de no repetición en beneficio de toda la sociedad”.

En este contexto, la institución ha encargado al Centro de Sistemas Públicos este estudio donde se levantó un Banco de Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos para la población de Niños, Niñas y Adolescentes, Personas Adultas Mayores y Diversidad Sexual, que da cuenta de una serie de iniciativas que han sido puestas en marcha por  los organismos locales y de administración del Estado para atender algunas de las necesidades de estos grupos y entender de qué forma han ido incorporando el enfoque de Derechos Humanos en cada una de sus etapas del ciclo de políticas públicas.

El estudio contempló la realización de entrevistas a distintos actores en organismos de la administración del Estado, municipios, expertos internacionales y organizaciones del tercer sector. Esta información fue complementada mediante la revisión de los sitios oficiales de instituciones ejecutoras de iniciativas públicas, búsqueda de referencias cruzadas en la documentación oficial y el uso de keywords relevantes en motores de búsqueda en línea.

Resultados

Se identificaron un total de 171 iniciativas, agrupadas según nivel de complejidad en lo que los investigadores definieron como Orientaciones, Programas o Políticas, para los tres segmentos objetivos del estudio. En este contexto, son los programas orientados a la Infancia y la Adolescencia las que sobresalen en la muestra, representando el 55% de ésta.

Se identificó de manera transversal un bajo nivel de desarrollo en materia de evaluaciones, con 131 casos (77% del total) donde no fue posible identificar evaluaciones de ningún tipo. Adicionalmente, para 62 de estas 131 iniciativas tampoco fue posible encontrar evidencia de seguimiento formal.

En materia de incidencia, el principal ámbito abordado por estas iniciativas resultaron ser la Protección Social y Educación en el caso de Infancia, la Salud en el caso de las Personas Adultas Mayores y la eliminación de cualquier forma de discriminación en el caso de la Diversidad Sexual.

En el caso de la incorporación del enfoque de Derechos Humanos en políticas públicas, los investigadores analizaron la aplicación (mediante declaraciones explícitas en la documentación oficial de cada iniciativa) de los siguientes componentes: Ausencia de discriminación, protección especial y prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad (garantías reforzadas en función de la vulnerabilidad), participación ciudadana en alguna de las fases del ciclo de políticas públicas, existencia de mecanismos de transparencia activa o pasiva, existencia de mecanismos de reclamos administrativos o judiciales, producción de información para el monitoreo y la evaluación de la iniciativa, y obligaciones de efecto inmediato. Se omitió el análisis del principio de progresividad y no regresividad, asignacion del máximo de recursos disponibles y garantía de niveles mínimos de derechos debido a la necesidad de contar con información no disponible dado el alcance de este estudio.

Se detectó un alto desarrollo del sistema en materia de otorgar beneficios sin condicionantes que puedan ser catalogadas como discriminación arbitraria, no obstante esto no se traduce en la aplicación de garantías reforzadas a grupos de mayor grado de vulnerabilidad. Por otra parte, existe un bajo desarrollo en término de implementación de mecanismos de reclamo administrativos o judiciales, siendo la componente analizada que presenta el peor desempeño. El sistema se encuentra particularmente poco desarrollo para el caso de la población de la Diversidad Sexual, siendo el segmento analizado donde el déficit estructural implicó los mayores desafíos para el equipo de investigadores. En esa línea, se advierte una presencia inorgánica, fragmentada e insuficiente de instrumentos de política pública que subren parcial e insuficientemente algunos aspectos de la vida de las personas LGBTI.

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