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Educación superior: un pesado barco que hace agua

Mario Waissbluth

Esta columna fue co-escrita con Mathias Gómez y Cristián Miquel, investigadores de Educación 2020.

El sistema de educación superior es como un transbordador: no destaca pero es funcional y ha permitido mover mucha carga. Uno de sus logros es la alta cobertura alcanzada, aunque de muy dudosa calidad en promedio.

La reforma de la educación superior sería entonces un proyecto de construcción de una enorme y pesada nave, con muchos compartimentos, complejos mecanismos de control, llena de adornos y poca capacidad de maniobra para enfrentar las cambiantes condiciones del mar.

Su tramitación y debate se han entrampado por la tozudez y avidez de los involucrados, remando cada uno para su lado, defendiendo con colmillos y uñas su propia parcela. Así es como tenemos al CRUCH haciendo lo posible por mantener sus privilegios; dentro de este, el CUECH pidiendo un trato preferente para las Ues estatales, el G9 con el grito en el cielo por cada peso extra que las estatales recibirían por sobre las privadas; y las Ues privadas no CRUCH solicitando ser parte del club CRUCH, argumentando incluso que algunas Ues deberían salir de él por ser malas, lo cual no deja de ser cierto.

Por su lado las Instituciones Técnicas pidiendo – legítimamente – ser incorporadas en el debate y en las transformaciones, algunas de ellas apurando la ley que les permite convertirse en organizaciones sin fines de lucro y así entrar a la gratuidad, a la vez que hay otras quejándose de que esta ley pueda existir.

La guinda de la torta: políticas de Estado de largo plazo plasmadas en leyes transitorias como la ley de presupuesto, para la implementación de una gratuidad aun no bien definida,y una pantomima de eliminación del injusto Aporte Fiscal Indirecto sólo para este año 2017. En el horizonte, la amenazante posibilidad de que muchos de estos temas se definan en la “tercera cámara”: el Tribunal Constitucional. Si Ud. se ahogó leyendo hasta aquí es porque la situación es asfixiante.

Nuestro sistema de educación superior requiere urgente de un paso por los astilleros. No necesitamos construir un imponente trasatlántico, necesitamos barcos flexibles capaces de sortear las turbulentas y cambiantes aguas del mundo moderno.

La semana pasada el gobierno presentó a los rectores del CRUCH, un documento llamado “Protocolo de rediseño de la reforma a la educación superior”. Este detalle no es poca cosa. El documento parte por redimir el papel del CRUCH, un grupo de universidades unidas por una ley añeja que crea un Consejo de Rectores para administrar los recursos que se le entregaban… y para coordinarse, aunque hoy cueste creerlo.

Es un conjunto creado sin criterios objetivos de pertenencia ni tampoco una razón de ser clara, una especie de cartel que se mantiene por ley y tradición, representando las supuestamente mejores universidades, cosa que en su tiempo fue verdad, hoy claramente no. Hay que redefinir urgentemente el CRUCH para que incluya bajo criterios objetivos y razonables a las instituciones que sea pertinente.

Al CRUCH se debe ingresar (o salir) por mérito y no por privilegio. Un inclusivo, pensado para un nuevo ecosistema de instituciones de educación superior, incluyendo las técnicas.Es hora de que se piense en una orgánica que favorezca la coordinación y colaboración del sector, y no que alimente su segregación y el control de los recursos por parte de algunos de sus miembros. La frontera entre U, IP y CFT está y debe estar cada vez más difusa, facilitando trayectorias flexibles a los alumnos. ¿Dónde quedarán las universidades politécnicas que ofrecen los tres niveles?

Como lo ha señalado un documento internacional seminal (An Avalanche Is Coming, 2012), la universidad “tradicional” ya no existirá más, y se subdividirá en a) universidades de elite, b) universidades masivas, c) universidades de nicho, d) universidades locales, y e) mecanismos de educación continua para la vida, y a distancia. La falacia de los criterios “comunes” quedó crudamente demostrada en el caso de la U. de Aysén.

Hay que desarrollar criterios diferenciados para que todas estas modalidades, así como la educación técnica, puedan ser de excelencia, con aportes financieros del Estado en las modalidades pertinentes. Se necesita un MULTI CRUCH, para todas las instituciones de educación superior de excelencia en sus diferentes modalidades.

No se puede obviar la discusión sobre la educación pública impartida por el Estado, fuente mayor de peleas. Estas instituciones son espacios naturales para la creación de bienes públicos, la transmisión de la identidad ciudadana y es ahí donde más auténticamente podemos hablar de un “nosotros”. ¿Qué hacer? Construir las condiciones para liberar la pesada cadena que ha asfixiado a las instituciones de educación superior del Estado. Para esto es vital reducir mucho más la carga burocrática que sufren, y modernizar sus gobiernos institucionales. Las universidades del Estado no pueden funcionar como un ministerio, requieren de mucha mayor autonomía y versatilidad. Por otro lado, es comprensible que la matrícula pública aumente, pero para ello es vital tener un plan que plantee de manera gradual y escalonada esta meta.

Creemos posible concordar un plan para que, de aquí a 10 años, la educación pública universitaria pase del actual 27% al 33% de la matrícula, a través de convenios rigurosos, que apoyen a las mejores y que puedan terminar cerrando las peores si fuera el caso. Una suerte de “mega MECESUP”. Por ahora, un tercio de la matrícula en universidades del Estado suena como una meta factible y razonable. Por lo demás, no habría ni infraestructura ni profesores para crecer más rápido y con calidad.

Para todo lo demás, las reglas de financiamiento deben ser equitativas y con criterios claros para todas las universidades, institutos y CFT que lo ameriten, suspendiendo el escándalo de instituciones que han vivido del Estado aceptando estudiantes sin ningún requisito, absteniéndose de nivelarlos, y creciendo de manera desenfrenada y espuria (y con fines de lucro en muchos casos) en propiedades inmobiliarias y matrícula, mas no en calidad.

La gran flota de la educación superior debe operar bajo reglas generales y comunes para todas sus naves, pero a la vez tener espacio para adaptarse y flexibilidad para sus diferentes modalidades. El rediseño debe ser gradual, debe permitirse experimentar, evaluar y corregir, lo que es además un talento del siglo XXI, que hay que aplicar a la forma en que se hacen las políticas públicas. Es imprescindible aprovechar esta ocasión para legislar con calma para el futuro, no para arreglar con alambritos el pasado.

Voces La Tercera, 7 noviembre de 2016