← volver

Crónica de una marcha anunciada

Mario Waissbluth

El 2011 tuvimos la mayor explosión civil en décadas. Tuvo muchos detonantes: diversos abusos comerciales, cuyo epítome fue La Polar; la indignación mundial que apareció simultáneamente en lugares tan disímiles como Nueva York, Madrid y Tel Aviv; la estructural y persistente inequidad en la distribución del ingreso, y el descrédito del sistema político.

Esos fueron los combustibles secundarios, pero el principal fue la constatación colectiva de tres décadas de abusos crecientes en la educación superior, así como la caída en picada de la educación escolar pública, la segregación social, y la situación de Liceos Técnicos que producen lágrimas, donde estudian 400.000 escolares, la mayoría vulnerables. Los problemas fueron generados hace 30 años por los predecesores ideológicos del actual gobierno, sin que se les haya hincado el diente de manera significativa hasta hoy.

Chile ha tenido desde los 80 el sistema educativo más mercantilizado del mundo, a nivel escolar y superior. No es una observación ideológica, es una mera constatación. Simplemente no conocemos otro más comercializado y desregulado. Si alguien lo conoce, ojalá nos lo señale, pues siempre es bueno aprender cosas nuevas y poder comparar.

En Educación 2020 no tenemos nada contra el mercado del cemento o del pan. Pero el “mercado” desregulado de la educación – que es particularmente opaco, asimétrico y poco transparente para “consumidores” que muchas veces no entienden lo que leen – si bien condujo a un bienvenido aumento de cobertura, no trajo consigo calidad, produjo una feroz segregación social, y generó abusos intolerables, que bien podemos calificar como “La Polar Universitaria”, pues las analogías entre ambos escándalos son muy grandes.

No nos referimos únicamente a las presumibles (y a veces evidentes) violaciones a la ley de Universidades sin fines de lucro, sino al engaño a que fueron sometidos más de un millón de estudiantes en los últimos 5 años, que terminaron pagando las ganas, desertando y endeudados, o en posesión de un título tan desprestigiado como para que no puedan pagar su deuda en décadas.

Así, en el 2011 los estudiantes se tomaron sus locales y salieron a marchar para exigir más calidad y un avance hacia la gratuidad en todos los niveles, pero también el fin del lucro, del abuso, y de la caída de la educación pública.

La reacción del gobierno y su coalición fue más bien fundamentalista. El modelo educativo podría repintarse, refaccionarse, los recursos podrían aumentarse, se podrían crear Superintendencias para controlar los excesos, pero los principios cuasi-teológicos en que este modelo se sustenta fueron declarados inviolables, y la educación pública no recibió una gota de atención. A esto se sumaron afirmaciones que agregaron leña al fuego (“la educación es un bien de consumo”, “inútiles subversivos”, etc.) Esto provocó dos caídas ministeriales y agudizó la tormenta, que a la postre terminó amainando por desgaste y término del período escolar, sin que las demandas estudiantiles centrales fueran puestas en discusión.

Por cierto, la pronta y bienvenida entrada en vigencia de la Agencia de la Calidad y las Superintendencias constituye una esperanza para corregir y controlar anomalías y abusos, pero claramente no serán suficientes para confrontar los graves problemas de segregación social, caída de la educación pública escolar y superior, precariedad de los liceos técnicos, y escasez de recursos, por nombrar sólo algunos.

El Presidente Piñera afirmó recientemente que “el movimiento estudiantil está muy influido por ideas equivocadas”, debido a que “los principales dirigentes de este movimiento pertenecen al Partido Comunista que se oponen a la visión de su Gobierno, donde estamos defendiendo un modelo de sociedad libre”. Si él u otros creen que este es un movimiento alimentado por el “comunismo internacional”, se equivoca profundamente, y esos errores a la larga enredan las cosas.

La gran mayoría de los estudiantes no busca un modelo educativo soviético o cubano, ni el retorno al Estado Docente. Pedían y piden – hasta hoy vagamente por cierto – que el modelo educativo chileno se asemeje mucho más al que opera en la mayoría de los países de la OECD, es decir, con mayores niveles de gratuidad, mayor relevancia y solidez de la educación pública, menos segregación social, y regulaciones más robustas de la educación privada.

Algo se ha avanzado, en particular con las Superintendencias y los recursos adicionales, pero poco y tardíamente, por la rotativa ministerial, las vacilaciones iniciales del gobierno y las posturas ideológicas más extremas al interior de su coalición.  En particular, si el gobierno se hubiera apresurado hace un año a tramitar con suma urgencia la ley de transparencia financiera del sistema educativo propuesta en el Senado, hubiera podido descomprimir las cosas en buena medida. Así lo sugerimos a los Ministros Lavín y Bulnes, sin ser escuchados. Felizmente esto quedó incorporado en las leyes de las Superintendencias, y nuestra predicción es que ello va a poner las barbas de muchos abusadores en remojo. Pero lamentablemente el tren de la indignación ya partió de la estación.

En el primer semestre del 2012, varios incidentes reafirmaron la sensación estudiantil y ciudadana de que el abuso y la segregación continúan: el “condoro” del decano de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara, el escándalo indesmentible en la Universidad del Mar, un escándalo en la Comisión Nacional de Acreditación, el informe de Ciper que demostró que el 25% de las escuelas particulares de la Región Metropolitana falsean sus datos de asistencia para recibir más subvención, problemas con el uso de la subvención preferencial en algunos municipios, los vergonzosos resultados de la prueba Inicia en los egresados de pedagogía.

El año 2011 marcó un parte aguas en la sociedad chilena. Hasta ese momento, las molestias, deudas y sensaciones de abuso se comentaban en la casa y con los amigos. Ahora se colectivizaron y eso generó cambios irreversibles. La gente de Pelequén convivió con los malos olores de una planta de tratamiento por años. El 2012, se tomaron la Ruta 5 en Semana Santa. Freirina, lo mismo. Aysén, lo mismo. Los agricultores del Maule, lo mismo. Quien sea que gobierne Chile de hoy en adelante enfrenta otro escenario.

Frente a estos incidentes, con una ciudadanía indignada y empoderada, las explicaciones de que mejorar la educación toma tiempo –aunque comprensibles- no sirven de mucho. Así las cosas, están recomenzando las marchas y manifestaciones. No sabemos si serán multitudinarias o mínimas. Tampoco sabemos si las peticiones estudiantiles serán hoy más precisas, constructivas y negociables que el año anterior, pero si alguien tuvo la esperanza de que este conflicto se había terminado el año pasado, se equivocó rotundamente.

La discusión sobre el modelo educativo continuará siendo un eje central de las polémicas de Chile por mucho tiempo. La discusión no será entre estatismo y neoliberalismo educativo. Lo que muchos estamos pidiendo es, simplemente, que nos acerquemos a las prácticas mayoritarias  de la OECD y no sigamos aferrándonos a íconos ideológicos del siglo XX en materia educativa.

Mario Waissbluth
Blog La Tercera, 27 de junio de 2012