Esto, además, permite sondear en línea el nivel de gestión de la organización, es decir, saber si finalmente el presupuesto agrega -o desagrega- valor público, con todas las consecuencias motivacionales (o desmotivacionales) que esto conlleva. El valor público no es otra cosa que la percepción de los beneficios por parte de la ciudadanía menos los costos en los cuales se debió incurrir para obtenerlos. A no confundirse: la determinación del valor final no se realiza en función de la ejecución presupuestaria ni por el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Lo atribuye a la ciudadanía.

Pese a los múltiples instrumentos y metodologías del management para conocer el nivel de gestión de una organización y a sus usuarios, nada puede reemplazar el contacto genuino de un directivo público con sus clientes. Su importancia e insuficiencia en la gestión pública actual ha sido relevada por algunos autores como Mario Waissbluth en su texto “Gestión del cambio en el sector público”, quien la conceptualiza como la caverna de Platón: en su exterior cohabitan los policy makers, directivos públicos y sus ideas, mientras que en su interior, lo que realmente ocurre en la atención al ciudadano, esto es, el clima laboral, los tiempos de espera y la duplicidad en la petición de antecedentes, entre otros. La  información relacionada con este último contexto es de difícil acceso para quienes están a la cabeza de los servicios del Estado, sus múltiples responsabilidades y un alto costo-oportunidad, sumado a los bajísimos incentivos estatales para intencionar este tipo de conductas. Son circunstancias perfectas para que lo recóndito de ese espacio interior de la caverna se mantenga en esa condición.

José Inostroza, Director Ejecutivo del Centro de Sistemas Públicos (CSP), y Javier Fuenzalida, Director de Investigación del CSP
La Segunda, 9 de mayo de 2012

Hora de decir las cosas como son. “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8: 32).

La conflictividad gremial y estudiantil, consecuencia de este fenómeno, paradojalmente ha contribuido a dañar lo que quieren defender. No me extenderé aquí en las explicaciones del daño, pueden consultarlas en el sitio web de nuestra campaña por la Educación Pública, www.educacionpublicaahora.cl . Si esta columna lo convence, tal vez sea hora de que el lector haga algo y se adhiera. La presión ciudadana ayuda, y lo sabemos.

Relatemos. “Por sus hechos los conoceréis.” (Mateo 7:20) Este proceso lo comenzó Pinochet con su “municipalización a la brutanteque”. Entiéndase bien. Muchos países exitosos con educación pública predominante (la mayoría de la OCDE funciona así) administran la educación en forma de corporaciones locales de alguna naturaleza: a veces los propios municipios, a veces corporaciones o distritos escolares locales. Eso es bueno pues la comunidad se involucra, no así un organismo burocrático, central y lejano. Lo “brutanteque” fue hacerlo endilgándole la educación a los municipios sin ninguna preparación ni recursos, y de pasada generándole un daño salarial y previsional a los profesores, lo que provocó una conflictividad que perdura hasta hoy. Tampoco se estableció mecanismo alguno para intervenir sostenedores públicos (ni privados) que realizaran una mala labor o desviaran recursos, como sí se hace en países de la OCDE.

De pasada, Pinochet desreguló completamente al sector privado así como la formación pedagógica. Hasta hoy se pueden “vender cartones de pedagogía” a analfabetos funcionales, por cierto pagando $3 ó $4 milloncitos. Le quitó el Pedagógico a la U. de Chile. En fin, para qué sigo.

La Concertación, a su turno, observó la caída de matrícula de la educación pública municipalizada con pasividad y parsimonia durante 20 años, sin explicarle a su electorado lo que estaba pasando. Por sus hechos los conoceréis: esta matrícula cayó del 70% al 40%. Ese es el resultado neto, y esas cosas no ocurren por casualidad. Un gestito para la galería por aquí, otro por allá, unas platitas complementarias por acá, y una cantidad de restricciones burocráticas impuestas desde el MINEDUC que harían palidecer al más templado. Ningún intento serio por resolver lo central: reconstruir su dañada institucionalidad y añejas fórmulas de financiamiento, y regular la proliferación de micropymes “reguleques” de educación privada, de peor calidad que muchas municipales, pero pintadas de rosadito por fuera. Ni que decir que virtualmente se suspendió la construcción de nuevas escuelas públicas en zonas de expansión urbana como Maipú, Alto Hospicio o La Florida, dejándole así el terreno libre a la iniciativa privada. El 90% de la inversión en nuevas escuelas en el período fue privada. Lo mismo ocurrió en educación superior.

Para complicar más las cosas, en este ambiente de conflictividad gremial, como señal de apaciguamiento, la Concertación aprobó en 1990 un Estatuto Docente con grados tan extremos de rigidez laboral, que terminó de atarle las manos a municipios que ya estaban en suficiente situación de desmedro en su capacidad de gestión. La guinda de la torta: el invento del financiamiento compartido. Los padres que pueden pagar, mandan a sus hijos a escuelas que cobran, los que no, no. Se garantizó así la segregación social del sistema escolar. Y si un alumno se porta mal o se atrasa en los estudios, vamos echándolo de las escuelas particulares a las públicas. Total, hay que “descremar el mercado” para que sea buen negocio ¿no? Si Ud. quiere leer más sobre segregación escolar, puede hacerlo en “Apartheid en Chile”.

Démosle algún crédito a la Concertación, eso sí. Logró, después de 15 años de intentos legislativos bloqueados por la Alianza, cambiar la maléfica fórmula que amarró Pinochet a última hora, dentro de sus numerosas leyes de amarre: Directivos Escolares vi-ta-li-cios. Si, pocos todavía lo creen y lo entienden. Durante 15 años los municipios tuvieron que administrar escuelas cuyos directivos no le respondían a nadie, porque eran vi-ta-li-cios. Trate Ud. de administrar un holding de 5000 filiales, en que los gerentes de esas filiales se le ríen en su cara porque son vi-ta-li-cios. Vi con mis propios ojos en el 2009 a la entonces Senadora Matthei denunciando en el Congreso la aberración que su propia coalición había cometido al bloquear la concursabilidad de Directores Escolares por quince años. La Alianza cometió con eso uno de los peores actos de travestismo político en décadas. Pero claro, luego se aprobó la concursabilidad… y el criterio central de la selección de Directivos que se inventó fue…. el número de cursillos de capacitación tomados por los postulantes. Dime cuantos certificados (truchos) presentas y te diré quién es el Director, permitiendo además mecanismos de concurso que le facilitaron a muchos alcaldes politicastros de todos los colores (que los hay) contratar a sus compadres políticos, y no precisamente por sus habilidades de liderazgo pedagógico. Aunque también es verdad que la Concertación mejoró un Fondo de Gestión Municipal que ayudó a paliar los daños.

El otro gran logro de la Concertación -muy positivo por cierto- fue la subvención preferencial para niños vulnerables. Obvia medida pro-equidad, aplicable por cierto a escuelas particulares y municipales, con el pequeño detalle de que transcurrieron 16 años desde la segregadora medida del financiamiento compartido hasta el inicio de la SEP. El daño de segregación ya estaba hecho.

Llega entonces el gobierno de la Alianza. Muchos de sus integrantes son los mismos que inventaron este sistema de “pseudo mercado educativo” -desregulado, con asimetría entre la oferta y la demanda, y poco transparente- hace 30 años. No es que sean malignos, esa tesis no me la compro. Simplemente tienen fe cuasi religiosa en que es el mercado, tal vez con mejores regulaciones, el que va a resolver los problemas de calidad y equidad de la educación. La segregación escolar simplemente no figura en su léxico, y si figura, no importa. Tampoco les importa ni les interesa ver la evidencia internacional: no existe NINGUN país exitoso en educación en el planeta con presencia mayoritaria de escuelas particulares subvencionadas por el estado, con copago de los padres, con fines de lucro, compitiendo y no colaborando con las escuelas públicas, y en un sistema socialmente segregado. No existe. Así son la fe religiosa y la fe ideológica. La evidencia importa poco.

Veamos qué ha hecho la Alianza respecto a la educación pública. Durante su primer año de gobierno, fueron dos gambitos comunicacionales. El primero fueron los “Liceos de Excelencia”. Magistral jugada que le permitió durante un tiempo navegar con bandera de protector de la educación pública mientras sigue creciendo la privada. Entiéndase bien. No tengo mucho en contra de estos Liceos (salvo que segregan y descreman a los mejores alumnos de Media). El punto es que cubrirán con suerte al 0.5% de la matrícula… pero eso curiosamente no se suele mencionar en la prensa.

El segundo gambito, casi maligno y evidentemente deliberado, fueron los “Semáforos del SIMCE”. Rojo para los puntajes bajos, amarillo para los medios, verde para los altos. Rojo es escuela mala, verde es buena. Como el puntaje SIMCE depende en un 85% del nivel socioeconómico de los alumnos (comprobado estadísticamente), en este segregado sistema –predeciblemente- las “mejores escuelas” resultaron ser privadas. Si se hubiera proporcionado el dato del SIMCE ajustado por nivel socioeconómico de la escuela, muchos de los “rojos” habrían resultado “verdes” y viceversa. Pero la embestida comunicacional funcionó. Hasta hoy y por años diversos medios de prensa publican los “ranking de las mejores escuelas”, que en realidad no lo son necesariamente en lo académico, sino en su capacidad para concentrar niños de familias más ricas.

Luego, vino la embestida legislativa. El primer round fue el proyecto de Ley de Calidad y Equidad de la Educación que se tramitó a fines del 2010. Excelente proyecto, mejoró la concursabilidad y salario de Directivos, proporcionó recursos (en forma de préstamo) para el retiro de profesores, flexibilizó el estatuto docente. Top… hasta que comenzamos a rascar en los números. El proyecto traía un “caballo de Troya”. Cuando modelamos la situación financiera en que quedaban los municipios por la aplicación de la ley, un porcentaje significativo de ellos, los de menor tamaño sobre todo, quedaba virtualmente en quiebra. Fue tal la pelea que armamos en el Congreso que finalmente el gobierno tuvo que ceder y aportar US$ 150 millones adicionales para financiar la ley, como lo reconoció el propio Ministro Lavín. ¿Error de cálculo o ataque deliberado a la educación pública? Nunca lo sabremos.

A continuación, vino el así llamado proyecto de “desmunicipalización” o Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública a fines del 2011. Este fue otro gambito comunicacional, pues su redacción era tan defectuosa (como la del proyecto que en su momento presentó la Concertación) que en realidad era simplemente un proyecto que iba al matadero, pero que dejaba al gobierno luciendo como “preocupado por la educación pública”. Hoy está en el refrigerador.

Prosigamos. Recientemente, el gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Carrera Docente. En forma casi incomprensible, el proyecto, que suena excelente en muchos sentidos, dando remuneraciones sustancialmente mejores a los mejores profesores, le da un trato totalmente diferenciado a escuelas municipales y particulares. Las municipales deben gastar los recursos en este propósito, las particulares pueden, si así lo desean, usar los recursos para construir nuevas escuelas o meterse la plata al bolsillo. El feble argumento es que el estándar de mercado laboral lo van a poner las escuelas públicas… la pregunta es: ¿porqué unos tienen las manos atadas y otros las manos desatadas respecto al uso de esos recursos? Por cierto, en Holanda y Bélgica, UNICOS países con educación particular subvencionada mayoritaria, las reglas laborales de los profesores son idénticas para todas las escuelas, y las remuneraciones las paga directamente el Estado, aun en escuelas particulares, que por cierto no tienen copago de los padres ni fines de lucro. ¿Error técnico o intento de demolición? Nunca lo sabremos.

Por último, y ya para terminar de completar el acoso a la educación pública, la más reciente reforma tributaria le ofrece deducciones de $100.000 anuales “a la clase media” que tiene ingresos suficientes para pagar impuesto a la renta, lo cual le facilitará (si no logramos pararlo) a los apoderados profundizar la segregación social, trasladándolos de una escuela pública a una privada, por razones más bien aspiracionales y de segregación social que de calidad educativa. Los más ricos en escuelas particulares subvencionadas con copago y descuento al impuesto a la renta, los más pobres en escuelas sin copago o municipales.

La matrícula pública, con la alegre colaboración de los paros y tomas, ya va en 34%, y de aprobarse estas medidas, terminará inevitablemente muriendo en muchas comunas o reducida a su mínima expresión, con algunos Liceos de Excelencia para salvar las apariencias. Los estudiantes y profesores marcharon por la educación pública y se tomaron las escuelas públicas, mientras los proyectos de ley la matan calladitos. Por sus hechos los conoceréis.

No tenemos nada contra la educación particular subvencionada bien regulada. Pero vea por qué hay que defender la educación pública y adhiérase entonces en www.educacionpublicaahora.cl

Mario Waissbluth
Blog La Tercera, 6 de mayo de 2012

El apartheid sudafricano fue una política formal de segregación racial. Lo que tenemos en Chile es una política sibilina de segregación escolar por estrato socioeconómico, de pasmosa efectividad. Tenemos el peor índice de segregación social del MUNDO. Los hijos de ricos estudian con hijos de ricos, los de clase media con clase media, los pobres con pobres. No se trata de resultados escolares, sino del nivel socioeconómico de alumnos que estudian bajo un mismo techo.

Alguien dirá que no importa. Con tal que cace ratones, no importa el color del gato. Si lográramos los mismos resultados de calidad en escuelas de pobres que en escuelas de ricos, ¿qué más da? En primer lugar, es imposible, ni aunque dobláramos la ya aumentada subvención preferencial. Está demostrado en todo el mundo que existe el “efecto par”. Los niños no sólo aprenden de sus profesores, sino también de sus compañeros. Si todos tienen bajo capital cultural, el nivel de la clase disminuye y si lo tienen alto, aumenta, con el mismo profesor.

Qué Pasa publicó recién, por 12 años ya, su odioso “Ranking de los mejores 100 colegios de Chile: establecimientos educacionales de calidad”. 95 particulares, 2 subvencionados y 3 municipales. Mensualidades desde $485.000 a $125.000.

Lo que la gente no sabe -y es comprensible que no sepa- es lo que pasaría  si todos los niños del Grange, Everest o Cordillera, los tres primeros lugares, con promedio PSU de 695 (para lo cual muchos suelen contratar un caro preuniversitario), fueran transportados diariamente en un bus a tres escuelas de La Pintana, con promedio PSU de 400, y a la inversa, los niños de La Pintana fueran transportados a estas escuelas del barrio alto. En este experimento, los profesores, libros y planes de estudio quedan en su lugar de origen. Transportamos sólo niños.

Con el tiempo, los niños de La Pintana, ahora educados en el barrio alto, no mejorarán su PSU más allá de 30 ó 40 puntos, y los chicos del barrio alto no empeorarán su PSU en más de 30 ó 40 puntos. Ese es el “valor agregado” que están agregando las escuelas municipales y los colegios particulares, y no difiere demasiado entre ellos.

Dirá que estoy loco. Mejor dígaselo al hoy ministro Harald Beyer, pues él hizo los estudios de correlación entre rendimiento escolar y nivel socioeconómico de los alumnos. Si no le cree ni a Beyer ni a mí, vea el test de PISA. La diferencia en Chile entre colegios particulares y públicos es de 50 puntos (lo cual es mucho en esa escala). Sin embargo, cuando PISA ajusta por el nivel socioeconómico del promedio de los alumnos de la escuela, la diferencia se reduce a 20 puntos. Y si además ajusta por el nivel socioeconómico de los compañeros de aula del alumno, la diferencia disminuye a 2 puntos.

Los padres al pagar $300 mil o un copago en escuelas subvencionadas de $10 ó $60 mil mensuales, no están “comprando una mejor calidad académica”, sino mejores compañeros, desde el punto de vista del capital cultural y las redes sociales de sus familias.

Es comprensible que un padre, si tiene dinero, quiera hacer esto, pues le va a mejorar los resultados y las redes sociales a su hijo. Hace muchos años, cuando yo no tenía idea de política educativa, hice lo mismo y egoístamente lo volvería a hacer. Pero dejemos en claro que el apoderado no está comprando “una mejor escuela”. Calefacción y piscina temperada, eso sí. Calidad académica y mejores profesores, lamento informar que las estadísticas dicen lo contrario.

El mito de que las escuelas particulares son “mejores” que las públicas es una mentira deliberada. Para ser más precisos, ajustado por nivel socioeconómico, son 2 puntos en el test de PISA y 5 puntos de SIMCE, es decir, la nada, y eso sin tomar en cuenta las prácticas informales o formales de selección de alumnos de muchas particulares. Tampoco hay evidencia de que las escuelas con copago de los padres, con más recursos por alumno, tengan mejores resultados que las sin copago.

Otra cosa muy diferente a las decisiones individuales y comprensibles de los apoderados son las políticas públicas. ¿Conviene que los escolares se segreguen de acuerdo a nivel socioeconómico? No, respuesta definitiva. No hay países desarrollados con elevada segregación social en la escuela que a la vez tengan buenos resultados en el test de PISA o elevado ingreso per capita. Segregación escolar, inequidad de ingresos y desarrollo socioeconómico van de la mano. Aparte de estos datos duros, las consecuencias sociales son aún peores.

En universidades “cota mil” los pobres no entran ni por casualidad. Aun en las universidades de Chile o Católica, algo más meritocráticas, el fenómeno es evidente. Los escasos hijos de la clase baja que lograron ingresar se juntan entre ellos, los de clase media entre ellos, y los del barrio alto se vienen juntos en 4×4 desde Las Condes. La segregación viene impresa en su ADN escolar. Al llegar a una empresa, el fenómeno persiste. El 50% de los gerentes generales de las empresas más grandes de Chile proviene de cinco colegios privados católicos del barrio alto. ¿Podemos tener un futuro armónico como país desarrollado, respetuoso de la diversidad, tolerante con los extranjeros, sin odios de clase, sin gente reclamando en las calles, en este contexto? No, y por eso estoy con el alma adolorida.

¿Cómo llegamos hasta aquí y para dónde vamos? Chile ha sido muy segregado en lo social, racial y geográfico, por 500 años. La pregunta clave es si acaso el sistema educativo está haciendo algo por mejorar o empeorar las cosas. Claramente las empeora, y los estudios lo demuestran. La segregación escolar es peor que la de barrios.

La mayoría de los caros colegios particulares no da becas para “roteques”. Si son “buena onda” ayudan a una escuela pobre, pero separadita. La guinda de la torta lo puso la Concertación inventando el “financiamiento compartido”: el derecho de colegios particulares subvencionados, con o sin fines de lucro, de cobrar un copago de hasta 60 mil pesos (aunque el promedio anda por los $15 mil). La política pública perfecta… para profundizar la segregación. De libro de texto.

A los padres les conviene (a mí también) poner a sus hijos en escuelas con compañeros de clase social más elevada, por el “efecto par” y por las redes sociales que están comprando. Así, esto quedó como torta de mil hojas. Los hijos de los que pueden pagar $400 mil mensuales estudian con hijos de los que pueden pagar $400 mil, los de $60 mil con los de $60 mil, los de $10 mil con los de $10 mil, los de $0… con los de $0. Estos últimos son aproximadamente el 80% de los alumnos.

Por cierto, no tengo nada contra la educación particular subvencionada. La diversidad es buena, aunque es inaceptable que no haya una oferta de educación pública de buena calidad en todos los barrios. Sin embargo, cabe mencionar que en los únicos dos países exitosos con este tipo de sistema aplicado masivamente, como Holanda y Bélgica, todas son por ley escuelas sin fines de lucro que no pueden exigir copago, este es voluntario. La nómina de los profesores la paga centralmente el estado. Pequeños detalles.

Me trastorné al borde de la depresión cuando el Presidente Piñera anunció su “subsidio para la clase media”, que una vez  estudiada la letra chica, suena inocente. Serán hasta $100.000 anuales de descuento del impuesto a la renta por gastos privados en educación, para contribuyentes que declaren un ingreso tributario mensual de hasta $1.5 millones. Si el padre y la madre trabajan, podrán ser dos descuentos para dos hijos. Esta medida beneficiará en realidad a unas 500 mil personas y no el millón y medio anunciado, entre otras cosas porque muchos de estos pagan menos de $5 mil mensuales de impuesto, y además no todos tienen hijos en edad escolar, pero no me voy a pelear por esta cifra. Lo notable son los cerca de 7 millones de contribuyentes que NO serán beneficiados porque no les alcanza para pagar impuesto a la renta.

Bueno, dirán algunos. ¿Y qué más da? Diez mil pesitos mensuales para gente de clase media. En realidad, si definiéramos como “clase media” a la gente que está “en la mitad” de los ingresos per cápita, a ninguno le chorrearía. Digamos entonces, semánticamente, que en la pésima distribución de ingresos de Chile los beneficiados serán “de clase media alta”, por muy apretados que estén en sus bolsillos, lo cual es cierto.

¿Y qué importa? Total, la Concertación hizo la misma martingala con créditos hipotecarios para la “clase media alta”, comprando así votos demagógicamente. Lo lamento pero sí importa, y mucho. El actual gobierno -que ha hecho otras cosas buenas por la educación- está también “comprando” votos por un mendrugo y de pasada está profundizando el mecanismo de financiamiento compartido, esta feroz herramienta de segregación social, y por supuesto está perjudicando la ya alicaída educación pública. Además, está favoreciendo a escuelas particulares subvencionadas con fines de lucro, muchas de las cuales se verán tentadas de subir la matrícula en unos $5 ó $10 mil  que al fin y al cabo ni le van a doler a los padres, pues van a permitir una mejor selección social y aspiracional. Mil alumnos a 10  lucas mensuales, son $100 millones anuales más de utilidades para pagar la gasolina del 4×4 del sostenedor.

Si quisiéramos ir en la dirección correcta, lo único que cabe es aumentar la subvención general para todas las escuelas, y eliminar progresivamente el financiamiento compartido. Asimismo, habría que quitarle la autorización a toda escuela particular pagada o jardín infantil que no le dé becas al menos a un 25% de alumnos de bajos ingresos, para evitar el “efecto Machuca”. Es eso o apartheid para siempre. No me gusta vivir en un país así, ni se lo deseo a mis nietos.

Mario Waissbluth
El Post, 30 de abril de 2012

¿Qué es este libro?
Este libro es una recopilación, con otros elementos, sobre lo que he escrito en los últimos años en temas de desarrollo digital, importancia de la TIC`s y sus alrededores en www.alejandrobarros.com, el libro tiene una lógica regional. Mi experiencia en Latinoamérica me ha permitido tener una visión amplia de lo que ha ocurrido en estas temáticas durante el último tiempo. El libro cuenta con un prólogo de Ricardo Lagos – Presidente de Chile (2000-2006) en el cual analiza su visión del desarrollo digital de los países.

El documento se focaliza en el concepto de Polis, ciudadano y Digital. Esto porque está dirigido a todos los ciudadanos.

El libro contiene capítulos desarrollados por Hugo Martínez, en el área de educación, y Claudio Ruiz y Alberto Cerda en materias de marco normativo para el desarrollo digital.

El lanzamiento del libro se realizará el lunes 14 de mayo, a las 12:00 horas, en el Auditorio Telefónica (Av. Providencia 111, Santiago, Chile (ver google maps).

Inscripciones aquí…

Más información…

Se dijo que esta inyección de recursos es la que resolverá los problemas de la educación. En la Fundación Educación 2020 hemos hecho bastantes esfuerzos por calcular en detalle el costo total de la reforma educativa. Hemos sumado la necesaria ampliación de cobertura y calidad en jardines infantiles (no mencionados hasta hoy), pre-Kinder y Kinder (sí mencionados), más las mejores remuneraciones asociadas a la carrera docente, retiros dignos para los profesores, la resolución de los problemas de la educación pública eliminando los aportes que muchos municipios deben hacer a la educación, la imprescindible disminución del porcentaje de horas lectivas de los profesores, y los todavía insuficientes recursos de la subvención preferencial (aun con los anuncios ya realizados).

Este ejercicio nos arroja una suma que en el mediano plazo asciende a US$3 a 4 mil millones de dólares por año según algunos criterios diferentes de cálculo. Esto NO incluye, repito, NO incluye los recursos necesarios y ya anunciados para la educación superior.

Pero lo que es verdaderamente ofensivo, en realidad intolerable, es el anuncio de deducciones del impuesto a la renta para pagar gastos privados en educación. Se ha repetido hasta la saciedad que esto beneficiará a 1.5 millones de contribuyentes “de la clase media” y esto es, simplemente, falso.

Veamos las cifras. Según datos de la operación renta 2011 del Servicio de Impuestos Internos, el número total de contribuyentes es 8.2 millones. De ellos, 6.6 millones tienen un ingreso tributario promedio inferior a $157 mil mensuales y no pagan impuesto. Otro millón tiene una renta tributaria promedio de $730.000 mensuales, y paga en promedio $11 mil mensuales de impuesto, aunque en realidad de este millón la mitad paga aproximadamente $5 mil mensuales.

Los verdaderos beneficiados por esta medida serán el remanente, es decir 542 mil contribuyentes, los más ricos de Chile, cuyo ingreso tributario va desde $1.4 millones – que pagan $62 mil mensuales de impuesto – hasta 21 mil contribuyentes que tienen un ingreso promedio de $9.5 millones mensuales– y que posiblemente eluden otro tanto – que tributan $2.7 millones por mes. Según la última CASEN, el 85% de los contribuyentes que pagan impuesto a la renta pertenece a los 3 deciles más ricos y por lo tanto el beneficio será mayoritariamente para ellos. ¿Es esa la “clase media”? Todos en Chile se creen de “clase media”, e ignoran que la verdadera “clase media” de este desigual país, que por lo general no lee la prensa ni twittea, tiene un ingreso per cápita de alrededor de $300 mil pesos. Esperaremos entonces ansiosos la “letra chica” de esta regresiva medida.

Peor aún, y poco conocido para la mayoría, ya existe un perverso incentivo tributario en esta materia. Copiaré aquí textualmente los interesantes consejos que da una reciente edición de Economía y Negocios de El Mercurio, llamada “Sepa cómo aprovechar los beneficios de las Cajas de Compensación”. Reza así: “Un gran atractivo de este sistema es que desde el punto de vista tributario, este tipo de convenios ofrece beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores…Pese a que este beneficio es transversal, toma mayor relevancia en personas con rentas más altas, donde el impuesto a la renta tiene mayor impacto… En educación esta alternativa también se vuelve bastante interesante, pues el afiliado puede reembolsar hasta $695.412 al año, por cada hijo que está cursando estudios escolares o superiores. En el caso de que el beneficio esté pactado en un convenio o contrato colectivo, el límite para hijos en la enseñanza universitaria o técnico superior se puede incrementar a $2.549.844″ ¿Habrá estado consciente de este asunto el Presidente cuando elaboró este “paquetito”?

La cosa se pone aún peor. En lo que a Chile le ha ido claramente mal —lo que explica en parte la crisis estudiantil de hoy— es en la segregación social del sistema educativo, expresada por el Índice de Duncan que publica la OECD cuando realiza la prueba PISA. Este índice (parecido al de Gini) no mide la dispersión de los resultados educativos, sino la segregación social entre las escuelas. Así, por ejemplo, en Noruega, el país que obtuvo los mejores resultados en el Índice de Duncan, prácticamente en cada escuela hay una muestra representativa de alumnos según la distribución de ingresos del país. En cambio, en los países con los peores Índices de Duncan del MUNDO, que son precisamente Chile y Perú, hay escuelas en las que sólo estudian hijos de muy ricos, otras en que estudian hijos de ricos, otras en las que sólo estudian hijos de clase media alta, otras para la clase media baja, y otras más en las que sólo estudian hijos de pobres: un verdadero apartheid educativo.

Las escuelas públicas, a las que generalmente asisten los alumnos más pobres, son mucho menos segregadas que las privadas sin fines de lucro. Las más segregadas socialmente son aquellas con fines de lucro y copago de los padres, las que muestran distribuciones de ingreso inter-escuela similares a las de Haití.

Por otro lado, hay claros incentivos “de mercado” para segregar alumnos y dejar a los de menor nivel socioeconómico, educativo y cultural -y a los más problemáticos o desaventajados—-en las escuelas municipales, gratuitas y que no seleccionan. Tan solo anteayer visité dos escuelas rurales públicas de Melipilla con excelentes resultados del SIMCE, y las maestras -dignas de que se les erija una estatua- se quejaban de que las escuelas particulares de la región expulsan sistemáticamente a sus peores alumnos al llegar a 7º Básico, de modo que no se les “afee” el resultado del SIMCE de 8º Básico, y que les toca a ellas recibirlos y recuperarlos…. obviamente disminuyendo su propio SIMCE de 8º Básico.

En suma, el “modelito chileno”, que contempla la posibilidad de los padres de enviar a sus hijos a escuelas que exigen un cobro adicional de acuerdo con su estrato económico (mecanismo insólitamente consolidado por un gobierno de centro-izquierda y un Ministro de Educación que fue posteriormente candidato de la izquierda extraparlamentaria), ha profundizado la segregación social. Obviamente, ésta tiene muchas raíces históricas, barriales y culturales. La pregunta es si el sistema educativo las profundiza o las disminuye. Claramente, las profundiza.

Esta reforma tributaria las profundiza aun más, generando no sólo nefastos resultados educativos, sino que separando aun más a las ya separadas y mutuamente desconfiadas clases sociales de Chile. Con esta medida el Presidente Piñera está profundizando el apartheid educativo.

Mario Waissbluth
26 de abril,  blog La Tercera

En el sector público los modelos PPP se han establecido como herramientas fundamentales en las iniciativas modernizadoras de cualquier estado.  La misma OECD lo plantea como uno de los ejes del desarrollo del gobierno electrónico.

Thomas Koulopoulos, en su libro Smartsourcing, que podríamos llamar externalización inteligente, plantea un modelo interesante para desarrollar el análisis de los procesos de negocios de la organización en forma rigurosa y a través de ello tomar decisiones de externalización y mejoramiento de los mismos.  El planteamiento central de Koulopoloulos es que la externalización debe ser uno de los motores de la innovación y el crecimiento.

El enfoque planteado cambia el modelo más simplista o reduccionista, esto es,  que la externalización debe ser mirada desde el prisma fundamentalmente de los costos, esto es, reducción de costos.  El modelo de análisis planteado define que los procesos de la organización deben agruparse en función de dos criterios, esto es, desempeño e importancia.

• Desempeño: Identificar como es el desempeño/comportamiento de mis procesos en términos de calidad, costos y tiempo.  Un buen benchmark pueden ser la buenas prácticas o bien el desempeño de mi competencia en el caso de productos/servicios competitivos
• Importancia: Identificar que tan cerca de mi “negocio” está un determinado proceso.  Recordemos que toda organización tiene procesos “core”, fundamentales para el negocios  y otros que son de apoyo y/o soporte.

Dependiendo de en que cuadrante queda cada proceso es la decisión que voy a tomar para mejorar el desempeño global.

Cuadrante I: Optimizar

Se trata de procesos fundamentales para la organización y que además tienen un buen desempeño, se debe monitorear su comportamiento y buscar optimizaciones en forma permanente.  Estos procesos deben mantenerse al interior de la organización.

Cuadrante II: Rediseño

Son proceso del núcleo del negocio, pero con un mal desempeño.  Se debe establecer un plan de rediseño con el objeto de llevarlos al cuadrante I.  Estos procesos deben seguir al interior de la organización

Cuadrante III: Outsourcing

Son procesos no esenciales para el negocio y que tienen un mal desempeño.  Para los procesos que se encuentran en este cuadrante es recomendable tomar la decisión de externalizarlos.  Mantenerlos al interior de la organización no es del todo eficiente.

Cuadrante IV: Offshoring

Corresponden a proceso de apoyo (non-core) que se desarrollan en forma eficiente.  Al llevar estos procesos a modalidades de offshoring se puede mantener el desempeño reduciendo los costos de operación.

Si bien esto parece de toda lógica, el autor identifica un conjunto de dificultades que enfrentan las organizaciones para llevarlo adelante, incluso teniendo la decisión gerencial.

• Entender adecuadamente cuales son los procesos core (esto me recuerda la dificultad cuando se le pide a las personas realicen un levantamiento de las actividades críticas en su trabajo, resultan ser finalmente todas!)
• Indentificar los alcances y límites de cada procesos, las fronteras en general son difusas.
• En aquellas operaciones no externalizadas adoptar un enfoque de gestión basada en procesos (process-centric)
• Encontrar un socio adecuado para entregarle los procesos seleccionados.
• y finalmente establecer una relación de confianzas mutuas y transparencia, siendo esta una de las dificultades claves en la relación

Son pocas las ocasiones en que me ha tocado ver modelos de análisis robustos a la hora de modelar los niveles y áreas en las cuales se quieren abordar prácticas de externalización.

Columna de Alejandro Barros
Publicado en “El escritorio de Alejandro Barros”, 17 de marzo de 2012