Algún tiempo atrás, en conversaciones con el académico Claudio Agostini, que en ese momento trabajaba para la Universidad Alberto Hurtado, me comentaba los resultados del estudio de patrones de uso y disposición de pago de la Internet en Chile (el estudio se puede descargar al final del post o desde aquí), desarrollado por esa casa de estudios y el cual en su etapa de diseño habíamos discutido, sobre todo en aquellas temáticas en que ambos pensábamos que había existido cambios importantes.

La gracia que tiene el estudio es que es el segundo que se hace en su tipo en Chile y además realizado por la misma institución.

¿por qué una gracia?

 Porque permite que además se pueda estructurar un estudio con una característica de panel, en la cual uno pueda comparar los resultados de la versión anterior 2006, con esta segunda versión 2010, y por lo tanto uno podría identificar tendencias en términos de disposición de pago y de uso de la Internet por parte de los usuarios en Chile.

Ahora bien, cuando conversé del tema con Claudio respecto del estudio, surgieron algunas temáticas que en mi opinión generan algunos elementos importantes a la hora de definir criterios de política pública futura para aumentar la conectividad en Chile. 

Con ese antecedente solicité en forma insistente a la Subsecretaría de Telecomunicaciones el referido estudio, lo cual llevó muchos meses de muchas disculpas por un lado y muchas expectativas por otro de que me lo iban a entregar, pasaron los días y nada, hasta que finalmente realicé un solicitud vía Ley de Transparencia para obtener el acceso a esa información, que dicho sea de paso es una información de carácter público, y que espero algún día se encuentre publicada en modalidad Open Data, pero que no se encontraba disponible en el sitio web de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

Finalmente se me dio acceso al estudio de hecho me lo enviaron por un correo electrónico con un oficio que adjunto en el cual se declara que la Subtel no comparte los resultados del mismo, fundamentalmente en lo que se refiere a muestreo estadístico y a la representatividad que tiene  las conclusiones asociadas a la banda ancha móvil y disposición de pago.

Me gustaría hacer una precisión respecto del estudio, el estudio declara que el muestreo es estadísticamente representativo para las regiones en las cuales se realizó, esto es: II, V, VIII y Metropolitana.  Por lo tanto no se puede sacar o inferir conclusiones a nivel nacional, sobre todo por las características propias de estas regiones, urbanas, altos niveles de ingresos.

Dicho esto, aparecen alguno elementos que son interesantes a la hora de identificar aquellos elementos que hacen que un diseño a futuro de política pública de conectividad debiera considerar, a la hora de donde hacer “las apuestas” y la primera conclusión es que la conectividad móvil no es lo que se esperaba que fuera a que me refiero en términos de penetración a la hora de para aumentar la conectividad en el país (¿será por esto que no es del agrado de Subtel?).  El resultado de la encuesta al menos vuelvo a insistir en las regiones estudiadas  es marginal y solo se transforma en un sustituto cuando estamos hablando de zonas y lugares que no existe oferta de conectividad fija.  Dicho eso, queda la sensación que buena parte de las iniciativas y algunas apuestas en términos de políticas pública de conectividad debieran repensarse, particularmente en lo que se refiere a cual es el rol que va a tener la conectividad móvil en el futuro  y si es o no es la herramienta que permite apalancar y generar un crecimiento importante en la conectividad de los chilenos, por lo menos el planteado en el programa de gobierno, por lo que arroja el estudio pareciera ser que no.

Un segundo elemento que lleva a reflexionar respecto del mismo, es el perfil de uso que tienen los usuarios chilenos en general es un perfil de uso. 

Sorprende del informe es el bajo uso de los servicios electrónicos del estado sea esto a través de la obtención de certificados o de algún tipo de interacción entre el ciudadano del estado, sorprendió bastante ya que buena parte de la digitalización pasada en otras áreas como por ejemplo el impacto que tuvo el servicio de impuesto interno y la dirección de compras públicas a través de su portal Chilecompra  generó un impacto importante a nivel de empresa y produjo un nivel de digitalización muy alto de las empresa, sorprende que los resultados de esta encuesta la tasa de uso de aquellos servicios o transacciones asociados a una interacción de estados ciudadanos sean tan baja como las que aparecen en el estudio.

Desde el punto de vista del pago, la disposición de pago que se aprecia en el estudio es extremadamente baja en comparación con las cifras que habitualmente se hablan en términos de promedios estamos hablando alrededor de unos $4.500. (US$ 8,8)- como disposición de pago a una conectividad de 1 mega con bastante restricciones por lo tanto cualquier política pública debiera mirar cómo hacerse cargo de este problema relevante es decir si por un lado tenemos que la penetración de banda ancha móvil es muy baja y realmente no mueve la aguja respecto de aumentar la penetración agregándole disposición de pago del orden de  $4.500.- y un no entendimiento adecuado del uso y el potencial de uso que tiene la conectividad de banda ancha, la verdad es que es un problema complejo de resolver y que habría abordarlo por diferente ángulos.

Por lo tanto si uno tuviera que generar grandes líneas de acción respecto de las áreas de políticas públicas en las cuales definir o delinear las futuras acciones o iniciativas del país debieran centrarse al menos en 4 ejes: 

• En primer en lugar subsidio a la infraestructura fundamentalmente de computadores personales y dispositivos de acceso pueden ser tablet u otro tipo de dispositivo, pero pensando en dispositivos de una pantalla que permita hacer el trabajo un poquito más sofisticado en la banda ancha, no estamos hablando teléfonos celulares ni smartphone. 

• Conectividad de bajo costo, pensando en planes o estructuras tarifarias que permitan acceder a banda ancha desnuda y planes que solo contemplen el acceso a Internet incluso con tarifas diferenciadas. 

• Desarrollo de contenidos que apunten a una mayor adopción por parte de los usuarios por ejemplo: cursos online y algunos elementos de entretenimientos, recordemos que en el caso de los países asiáticos la mayor cantidad de conectividad se produjo inicialmente por sistemas de entretenimiento y juegos online. 

• Y finalmente  un esfuerzo de capacitación en el uso y en los beneficio de la banda ancha, para distintas acciones o iniciativas de los hogares vinculados al tema del trabajo, vinculados a temas de interacción con el estado y vinculados con temas de la educación,  es decir si uno tuviera que implementar un plan por ejemplo de conectividad, debiera tener al menos al menos algunos de estos ejes o estos variables incorporados en este proceso.

 Por lo que supe Subtel se encuentra desarrollando una nueva encuesta en esta materia, la cual la está llevando adelante la Universidad de Chile veremos que arroja, y si confirma o no los temas levantados por la Alberto Hurtado.  Pero en cualquier caso debiera llevarnos a remirar nuestra política pública en materias de conectividad.

Documentos

1) Respuesta Subtel – Respuesta_SUBTEL.pdf
2) Informe Alberto Hurtado – INFORME_FINAL_SUBTEL.PDF

10 de diciembre
El escritorio de Alejandro Barros

Durante 2011 hubo un gran terremoto en educación, que inicialmente desconcertó y que obligó  a todos los actores a replantearse. Los estudiantes ya corrieron el cerco del modelo de manera irreversible, aunque no habrá cambios significativos sin reforma política y tributaria.

Cuando nació Educación 2020, hace tres años, no nos cuestionamos las reglas del sistema. Con un Parlamento binominalmente pareado, cualquier cambio que significara ley de quórum calificado estaba condenado al fracaso. Nuestra urgencia era -y sigue siendo-  rescatar lo más rápidamente posible a cientos de miles de jóvenes que siguen egresando del sistema escolar sin entender lo que leen. Lo haríamos “en la medida de lo posible”, a sabiendas que tan sólo eso era una tarea improbable: mejores profesores, más exigidos en su formación, mejor remunerados y con mejores condiciones de trabajo; mejores directivos; y muchos más recursos para la educación, en particular para los más vulnerables.

A inicios del 2011 había algunos avances importantes, y llegó el terremoto. Inicialmente nos quedamos tan desconcertados como las autoridades y la oposición, y las tensiones de la sociedad se trasladaron al interior de Educación 2020. Se había desatado un fenómeno cuyos orígenes ideológicos se remontan a las reformas diseñadas en los 80. Se cuestionó el modelo educativo en sus raíces… y eventualmente el modelo socioeconómico completo. Nos tomó varias semanas reordenarnos y construir planteamientos para el nuevo escenario, en que los estudiantes ya “corrieron el cerco del modelo” de manera irreversible. No está claro cuánto, pero se corrió.

Temblores anticipatorios
Terminamos enero contentos. Se aprobó la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, con importantes cambios en materia de directivos escolares, Estatuto Docente, retiros dignos para profesores. Un signo premonitorio: el proyecto de ley traía un “troyano financiero”. Si se aplicaba tal cual, demolía las ya maltrechas finanzas de cerca de la mitad de los municipios. Primera vez que el gobierno hacía un acto claramente agresivo respecto a la educación pública. Pero esto se revirtió en el Congreso, y por añadidura se firmó un protocolo de acuerdo entre gobierno y oposición que en verdad era nuestro sueño del pibe: todo lo que nos hubiera gustado ver (dentro de las reglas del juego del actual modelo) estaba allí considerado.

Cuál no sería nuestra sorpresa y desilusión cuando, a vuelta de vacaciones, el ministro Lavín anunció que daba por terminada la “revolución escolar” y que comenzaba la “revolución de la educación superior”. La escolar sólo estaba comenzando, y los hechos posteriores demostrarían que la “revolución superior” no era sino un eslogan. Se removió la falla geológica.

8,8 Richter
Las detonaciones suelen obedecer a una acumulación de masas críticas. La principal: la matrícula de la educación superior se expandió durante más de una década con un esquema desregulado, no de libertad sino de libertinaje de mercado, de 300.000 a un millón de alumnos, de los cuales cerca de un 40% no entiende lo que lee ni puede realizar operaciones aritméticas sencillas. Del millón, cerca de 40% termina desertando y endeudado, otro 30% con un título tan espurio, que no les permitirá pagar la deuda de sus elevadísimos aranceles ni en 30 años. Así, se acumularon 700.000 estudiantes que se dieron cuenta colectivamente de la falsa promesa, más dos o tres familiares por alumno, suma dos millones de personas engañadas por la venta al por menor de “productos” universitarios. Muchos de ellos son, probablemente, los mismos defraudados por La Polar, y que constatan a diario casos de colusión y abusos similares, al igual que los “indignados” de Madrid o Wall Street.

Los estudiantes salieron a la calle a exigir el fin del lucro (se puede releer como el fin del abuso), la defensa y expansión de la educación pública, y gratuidad en la educación superior. Los secundarios en esta ocasión iban a la cola del movimiento y con peticiones confusas, cuando en realidad las raíces del problema se originan en la educación parvularia, básica, y en los damnificados liceos técnicos. Todos salieron a demoler el modelo educativo diseñado en los 80. Ojo, no salieron a pedir un modelo “soviético de los 60″, sino las prácticas mayoritariamente utilizadas en los países de la OCDE: mayor preponderancia de educación pública, mayores aportes del estado, y el fin de los abusos. Cuando he explicado a embajadores de la OCDE que en Chile la educación general se desarrolla con fines de lucro, subsidiada, sin barreras de entrada, y con copago de los padres, me quedan mirando atónitos.

La reacción inicial del gobierno fue refugiarse en la intransigencia ideológica. El modelo se podría refaccionar, las becas mejorar, pero no se cuestionaría. El lucro no se discutiría, y el gasto aumentaría dentro del actual marco tributario (como quedó demostrado en el proyecto de Presupuesto 2012). Pero, además, la respuesta fue acompañada con lujo de agresiones innecesarias, en un ambiente enrarecido: “inútiles subversivos”, “manga de anarquistas”, “la educación es un bien de consumo”, “huachos”, satanizaciones diversas.

La violencia se desató, y los dirigentes estudiantiles moderados fueron predeciblemente sobrepasados por los intransigentes. Cayó un ministro, el conflicto escaló, se derramó más allá de la educación, y a la altura de agosto el panorama era tenebroso. Paradojalmente, los que defienden la educación pública escogieron como forma de lucha la  toma de establecimientos públicos, originando una migración aun más rápida al sector particular, para satisfacción de muchos, personeros del gobierno incluidos.

Esperando las réplicas del 2012
Un punto de inflexión se gestó al interior de la coalición de gobierno. Algunos de sus integrantes, todavía minoritarios, como Lily Pérez o Hernán Larraín, comenzaron a decir que había aspectos del modelo educativo y financiero que se podrían discutir. Transparencia. Carga tributaria. Lucro. Esto se amenizó con la discusión de un presupuesto anunciado como “revolucionario” cuando (para variar) distaba de serlo. Recientemente, el ambiente se reenrareció por el envío de un proyecto de ley que se podría llamar de Casi Desmunicipalización Desfinanciada, que concitó rechazo universal, incluso de parlamentarios y alcaldes de gobierno. La educación pública no parece estar en el corazón del gobierno, como no estuvo en los hechos durante los 20 años anteriores. Los resultados de la elección de nuevos dirigentes universitarios auguran un 2012 “caliente”.

¿Hay luz al final del túnel?
Seamos sinceros. No habrá cambios significativos al modelo educativo (posiblemente el más neoliberal, socialmente segregado y pro mercado del mundo) sin reforma política y tributaria. Resolver los problemas de la educación no es sólo un tema de recursos. Pero según varias estimaciones, incluyendo la nuestra, los cambios normativos y de gestión serán cosmética pura si no se inyectan gradualmente entre 2 y 3 puntos adicionales del PIB al sistema educativo. En suma, no habrá cambios relevantes sin cuestionar algunas bases fundacionales del modelo político y socioeconómico del “chorreo” diseñado en los 80 y que continúa casi intacto hasta hoy. Bajo gasto público, alto crecimiento, con altísima desigualdad y segregación.

Mientras eso no ocurra, y quién sabe cuándo ocurrirá, si es que ocurre, mucho dependerá de la decisión gubernamental – expresada en actos concretos- de rescatar la educación pública; mejorar significativamente la transparencia del sistema educativo; un cambio radical del modelo regulatorio de la educación en que todo establecimiento pase a ser una concesión del Estado con términos más rigurosos en cuanto a barreras de entrada, así como exigencias amplias de calidad; la disposición a inyectar recursos en serio a la madre de todas las reformas que es la carrera docente;  fórmulas transicionales adecuadas para los egresados de media que no entienden lo que leen; y abordar el enorme gap entre aranceles reales y de referencia en educación superior, donde se juegan cerca de mil millones de dólares al año.

Habrá réplicas telúricas el 2012. No sé cuántas ni de qué magnitud.

 
Mario Waissbluth, Coordinador Nacional de Educación 2020
Revista Qué Pasa, 23 de diciembre de 2011