La expansión vertiginosa de la educación superior, que ha traído algunos beneficios, detonó a su vez la explosión de graves problemas. Es la ocasión para abordarlos de manera sistémica y no con parches. La mera ampliación de recursos para becas o préstamos en condiciones más atractivas, o las reprogramaciones, bienvenidas sean, sólo taparán el sol con un dedo por un tiempo y generarán un nuevo aumento en los aranceles de un sector que hasta ahora ha operado no con libertad sino con libertinaje de mercado.

Hemos tenido uno de los sistemas más desregulados del planeta. De 4.700 carreras impartidas en algún campus, sólo 700 cuentan con acreditación, en muchos casos dudosa.  El “pseudo mercado” ha sido opaco, y asimétrico para “clientes” desinformados. De 100 jóvenes que ingresan, 40 desertan por razones académicas y/o económicas, y quedan endeudados (salieron trasquilados); 30 terminan con un título desprestigiado y van al desempleo o a un pobre empleo (salieron trasquilados); y sólo 30 logran un título que les permite pagar su deuda en un plazo razonable. El mercado funciona bien en las panaderías: si no me gusta el pan, o está caro, al día siguiente voy a otra. Si soy un joven que se demoró dos años en darse cuenta de la mala “calidad del producto”, no me es trivial cambiar de carrera. Perdí dos años de vida y tengo deuda.

Los aranceles son de los más altos del mundo. Los estudiantes no sólo han estado pagando el costo de su educación, sino que financiando la expansión inmobiliaria de entes privados y la investigación y desarrollo de universidades tradicionales. Esto debe terminar. Las fuentes de recursos para la expansión inmobiliaria deben provenir de ampliaciones de capital y/o deuda de sus dueños, y los bienes públicos no ligados a la docencia – como investigación y construcción de masa académica estable – deben provenir del Estado por otras rutas.

Es hora de cambiar radicalmente el modelo regulatorio de la educación. Si un CFT, Instituto o Universidad, con o sin fines de lucro, público o privado, recibe recursos del estado como avales, créditos, subsidios o descuentos tributarios, debe firmar el equivalente a un “contrato de concesión” en el cual demuestre el  valor de su oferta, la calidad de la misma, adquiera compromisos respecto a las tasas reales de deserción y duración de la carrera, defina aranceles razonables para financiar la educación de sus alumnos y no otros elementos, y transparente la totalidad de sus fuentes de ingresos, sus egresos, y sus transacciones con entes relacionados o “sociedades espejo”.

Adicionalmente, debe realizarse a la brevedad posible una transformación radical del sistema de acreditación, no sólo en sus criterios, sino también en su institucionalidad y obligatoriedad. El sistema de que sea el propio acreditado el que le pague al acreditador debe terminar. No sería tampoco comprensible que el Estado otorgue recursos para becas de una carrera de tres años, si es que esta, entre otras cosas, no está acreditada seriamente y por al menos tres años.

Chile, a diferencia de países desarrollados, tiene un problema adicional. Cerca del 40% de los que ingresan a la educación superior no entienden a cabalidad lo que leen ni pueden realizar operaciones aritméticas simples. Generalmente provienen de los estratos de menores ingresos. Esto es culpa del sistema escolar, y tomará tiempo resolverlo. Por ello, es necesario que el Estado licite, entre instituciones sólidamente acreditadas, la provisión de un año transicional, nivelador y orientador, que aumente – en forma gratuita para esos alumnos – la posibilidad de ingresar a algún tipo de educación universitaria, técnica u oficio sólido. Su ingreso directo al sistema de educación superior seguirá siendo una fuente de desperdicio de recursos públicos, y lo que es peor, de frustraciones y endeudamientos personales.

Por cierto, obligar a los jóvenes a definir una ruta profesional a los 18 años en estas condiciones es absurdo, y las instituciones de educación superior deben flexibilizar masivamente sus años iniciales para facilitar traspasos entre carreras, entre universidades, y entre niveles técnicos y universitarios. Hay un grave riesgo para el país si se continúa expandiendo el mito de “universidad para todos”. La “educación superior” gratuita y de calidad debe focalizarse en los quintiles más pobres, y debe privilegiar el adecuado balance entre oficios de calidad, carreras técnicas de calidad, y profesiones de calidad, en las proporciones adecuadas, esto es, 1 profesional universitario por cada 3 técnicos u oficios especializados y certificados.

Por ello, es necesario reorientar radicalmente el sistema de educación superior hacia la provisión de un sistema de oficios y carreras técnicas sólidas, certificadas, y que cierren la brecha salarial entre éstas y los títulos universitarios. Por dar un ejemplo, en Canadá un ingeniero civil de la construcción con 5 años de experiencia gana US$ 60.000 anuales, y un pintor certificado de la construcción gana US$ 40.000. Sólo cuando los oficios y las carreras técnicas estén debidamente certificadas y dignificadas comenzaremos a tener equidad salarial en el país.

Por último, el gobierno corporativo de las universidades pertenecientes al propio Estado debe reformularse radicalmente. Este debe – como dueño – hacerse cargo en serio de su fortalecimiento, y éste no es meramente un asunto de recursos. Por ejemplo, no es posible hacerlas “competir” con entes privados teniendo la maquinaria, lentitud y restricciones burocráticas propias de un Ministerio.

Las fórmulas de gobierno corporativo de las universidades e institutos públicos – permitiendo razonables grados de democracia interna – deben asimismo permitirle al “dueño”, es decir el Estado, la vigilancia rigurosa y capacidad de intervención (aunque sea a distancia) de lo que ocurre en su interior, de manera de evitar capturas institucionales por parte de profesores, autoridades, alumnos o funcionarios. Debe entonces diseñarse una fórmula institucional, equivalente al Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México, o los “Board of Trustees” americanos, es decir un cuerpo de especialistas financieros, no dependientes del Rector ni de su Consejo Académico, que vigilen la sanidad financiera y contable de la institución, manejen la Contraloría Interna, y aprueben el volumen total de gastos permisibles en un año fiscal.

Por todo lo dicho aquí, por loables que sean las diferentes iniciativas legislativas separadas que han ido surgiendo, debemos aspirar a hacer todo bien y de una vez, con una nueva legislación integrada de educación superior que aborde sistémicamente estos complejos problemas. En caso contrario, terminaremos con un conjunto de “parches” superpuestos que serán tal vez vistosos pero que posiblemente serán contradictorios entre sí. No habrá ocasión en al menos otra década para hincarle bien el diente al asunto.

Mario Waissbluth
Blog La Tercera, 26 de septiembre

Las movilizaciones estudiantiles cuestionaron lo que había sido intocable: un modelo educativo basado esencialmente en la competencia de mercado entre proveedores de educación, públicos o privados, con o sin fines de lucro. A mi juicio, el problema esencial es que no fue libertad de mercado, sino libertinaje de mercado, tanto en educación general como superior. No fue un mercado en que hubiera transparencia de información para los “clientes”, muchos de los cuales eran apoderados o estudiantes de educación superior que no entendían lo que leían, y si usamos la jerga económica, completamente “asimétrico” en cuanto a poder de negociación y elección de opciones. Se violaron así los principios esenciales, no de  economistas de izquierda, sino de derecha. Mercados transparentes y bien regulados.

Si una familia va a la panadería de la esquina, y le venden pan caro y/o malo, al día siguiente va a otra panadería que está a tres cuadras de la primera. Por cierto, los panaderos no les miran el color del pelo ni les preguntan por las convicciones religiosas no sólo del hijo sino también si los padres están separados. El mercado opera impecablemente. Pero si esa misma familia no tiene demasiado claro el concepto de calidad del “producto educativo”, o bien a los dos años se da cuenta que tiene un hijo endeudado al cual le es casi imposible “cambiar de proveedor”, o bien tiene restricciones geográficas en su elección, o bien el modelo de mercado le “segrega” a su hijo en la admisión a educación básica o media ya sea por estatus socioeconómico o por capacidad académica, o lo expulsa por ser “alumno problema”, entonces el mercado ya no es tan perfecto.

El resultado de este modelo debe analizarse por separado en educación general y superior. Son momentos del tiempo muy diferentes. En lo escolar, es necesario reconocerlo, hubo expansión casi total de la cobertura, y el test de PISA de Chile es el mejor de América Latina. De igual manera, tenemos el menor porcentaje de jóvenes (31%) en el Nivel 1 (de 1 a 6) que es el peor. Esto no significa que no estemos muy lejos de lo deseable. Canadá tiene un 10% y Holanda un 14% en ese nivel. Puede afirmarse con bastante certeza la “regla del 40″: 40% de los egresados de básica no entiende cabalmente lo que lee ni puede resolver problemas aritméticos simples. Lo mismo ocurre con los egresados de media, los que ingresan a educación superior, y los que egresan de educación superior… profesores incluidos.

Donde el modelo chileno en educación general falló estrepitosamente es en segregación social. Tenemos el peor lugar de todos los países de la muestra PISA. El peor. Apartheid educativo. Las reglas de juego formales, y las frecuentes violaciones  informales a las reglas formales (en escuelas con y sin fines de lucro), generaron esta situación, de graves consecuencias no sólo escolares sino también sociales. Mantener segregados en una escuela a niños de bajo capital cultural con otros de bajo capital cultural, y para empeorarlo, segregando hacia la educación municipal los chicos con algún problema de conducta o de menor rendimiento, hace que estos tengan una virtual condena a no aprender, aunque tripliquemos la subvención preferencial.

Por otra parte, la segregación social es evidentemente una de las bases de la explosión social de los “indignados” que vemos hoy en las calles. Algunos se consuelan diciendo que en realidad la segregación social es puramente cultural, histórica, geográfica. No hay tal. Evidentemente esos poderosos factor existen, pero los datos indican con certeza que la segregación social es aun peor que la segregación territorial o barrial. La pregunta que debe hacerse la sociedad chilena es si acaso el sistema educativo escolar debe ser una locomotora de la integración o de la segregación social del país.

En educación superior, de 4700 carreras impartidas en algún campus, sólo 700 cuentan con acreditación (voluntaria), y en muchos casos ella es dudosa. Los aranceles son en promedio los más altos del mundo comparados con el ingreso per cápita. La inyección de recursos públicos en forma de avales, en lugar de reducir los aranceles, los aumentó. No es precisamente la perfección del mercado. En los hechos, los estudiantes están financiando no sólo su educación, y el costo del edificio donde se educan, sino la expansión inmobiliaria de universidades e institutos privados, y/o buena parte de las actividades de investigación o de bien público que realizan las universidades con actividad académica integral.

El resultado: pasamos de 300 mil a 1 millón de estudiantes en educación superior en una década. De éstos, 400 mil van a desertar por razones académicas o económicas, pero endeudados. Otros 300 mil van a obtener un título tan espurio que irán derecho al desempleo o a un empleo que no les permitirá pagar la deuda. Son 700 mil “engañados”. Súmele 2 padres y un hermano, y tenemos cerca de 3 millones de enfurecidos que hoy marchan por las calles, y que seguirán marchando con mayor o menor intensidad, tal vez con espacios vacacionales, hasta que esto se arregle. Si alguien cree que por bajar la tasa de interés (bienvenido sea) esto se resuelve, está profundamente equivocado.

Sospecho que la consigna contra el lucro esconde intuitivamente un discurso más profundo. La gente está harta de los abusos de este mercado que no es capitalista, sino de capitalismo salvaje. Es la ley de la selva, pero con algunos caníbales. Honestamente, no sé si la pelea legislativa por el fin del lucro va a durar uno o seis años, y por cierto no va a solucionar abusos de proveedores sin fines de lucro, públicos o privados. Por ello, hay tres asuntos que el país debe resolver de inmediato.
 
El primero es la transparencia total de los proveedores del sistema educativo, público, privado, con o sin fines de lucro, en educación general o superior, si es que reciben recursos del Estado, sea como subvención, aval, subsidio o descuento tributario. Son entes depositarios de la fe pública, más aun  que las Sociedades Anónimas abiertas que entregan al público información acerca de todos sus ingresos, todos sus egresos, y sobre todo,  las transacciones con empresas relacionadas. Felizmente, ya fue aprobado en primera instancia el proyecto de ley sobre esta materia, y puedo garantizar que la mera aplicación del principio de transparencia va a provocar que muchos “pillines” con y sin fines de lucro ya estén pensando en hacer las maletas. Ojalá pase rápido por el Congreso, con suma urgencia, y que no quede por allí archivado como suele ocurrir. Los estudiantes harían bien en ponerlo entre sus exigencias.

Pero no es suficiente. Es necesario dar un giro en 180 grados a la forma en que el Estado se relaciona con los proveedores de la educación general y superior con algún tipo de subsidio, transformándolo en una suerte de “contrato de concesión de obra pública”. El Estado provee recursos, el proveedor público o privado se compromete a cumplir con diversos estándares, no sólo de SIMCE, sino de calidad en un sentido más amplio, así como prácticas y criterios de admisión y expulsión, integración social, acreditación de carreras de educación superior, monto máximo de aranceles, o cualquier otro elemento fundamental para asegurar los derechos de los estudiantes. Incluso, si se llegara a legislar el fin del lucro, es evidente que tendría que haber un importante período transitorio, durante el cual sería necesario establecer  contractualmente topes de utilidades, como ocurre en la telefonía o el agua. Si no se terminara el lucro, con mayor razón. Sólo con una revolución en el marco regulatorio y el “contrato” entre el estado y los proveedores de la educación, este podrá cumplir con sus deberes constitucionales de resguardo de la calidad de la cual tanto se habla. Otra exigencia que invito a los dirigentes estudiantiles a considerar.

Un tercer elemento clave, para discutir otro día, es ponerse con los recursos adicionales necesarios para asegurar la obligación constitucional: más de 2% del PIB anualmente si sumamos educación general y superior. No se trata de aumentar recursos indiscriminadamente, de golpe, y sin las medidas adecuadas, pero si esto no se hace, la reforma educativa no pasará de ser mera cosmética.

Mario Waissbluth
Blog La Tercera, 20 de septiembre de 2011