En educación, el vaso se puede mirar mitad vacío y mitad lleno.
Mitad vacío: una estructura que segmenta e impide que los chilenos más pobres, no importa cuánto se esfuercen, puedan aspirar a obtener buenos puntajes en la PSU. Miles de jóvenes con una deuda que los agobiará durante su vida laboral para comprar el cartón de una universidad de dudosa calidad. Un sistema municipal gratuito en declinación y con problemas crónicos de financiamiento.
El vaso mitad lleno: las coberturas en educación primaria y secundaria son las mayores de A. Latina; los años de escolaridad se han nivelado a los de países desarrollados como España e Irlanda; el país ha mostrado progresos notables en las pruebas PISA y SIMCE y los resultados de los grupos más pobres han mejorado en forma relativa.
Los estudiantes debieran reconocer estos avances y dejar de lado las visiones románticas del pasado —nuestro sistema educacional también era malo en calidad en los 50, 60 y 70, con una exclusión aún mayor: sólo unos pocos llegaban a educación secundaria— y las autoridades deberían aprovechar esta oportunidad, canalizando la capacidad de agencia que han mostrado las organizaciones estudiantiles, y dándoles espacios dentro de la institucionalidad.
Más allá de los elementos discutibles si se toman literalmente las propuestas estudiantiles, hay otros que merecen atención.
Consideremos, desde una perspectiva internacional comparada, algunos ejemplos aludidos en el mensaje presidencial, que necesariamente requerirán una mayor especificación posterior.
Primero, los aportes públicos en el mundo desarrollado van a universidades públicas. En este sentido, Chile es una anomalía y no sólo por el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que no tiene más justificación que la ideología de sus creadores, pues las universidades no necesitan incentivos para atraer a los mejores estudiantes. Esto no significa que deba revertirse, y la modificación propuesta en el mensaje va más bien por cambiar su cálculo para incentivar una mayor equidad.
Segundo, un reporte sobre universidades con fines de lucro en Estados Unidos muestra un balance negativo. Es cierto que éstas han respondido a las demandas incrementando fuertemente la matrícula —a un nivel que las instituciones más tradicionales no habrían sido capaces (ni habrían querido hacerlo)—, pero lo han hecho con una calidad dudosa y sus egresados tienen problemas para pagar sus deudas. ¿Suena conocido? ¿Es compatible el lucro con la calidad en el mercado educativo? Existen ejemplos en el sistema escolar de instituciones con fines de lucro que entregan una educación de calidad. Es tiempo de evaluar su aporte y contribuir con elementos de juicio a un debate que, por el momento, es excesivamente teórico.
Por otra parte, varios países han avanzado en mejores formas de entregar aportes a las universidades estatales que las que actualmente rigen en Chile. Contratos individuales permitirían especificar mejor expectativas y compromisos, mejorando la rendición de cuentas de las instituciones. A mi juicio, son un instrumento más adecuado para impulsar una mayor igualdad de oportunidades que la mantención, modificada, del AFI. Las universidades también podrían aportar con innovaciones que favorecerían una mayor equidad, como, por ejemplo, concentrando los cursos en la mañana o en la tarde para que los estudiantes puedan compatibilizar estudio y trabajo. De algún modo, las universidades tradicionales siguen atrapadas en un modelo educacional pensado para elites que cuentan con financiamiento familiar.
Lo que hoy vivimos en educación no es una crisis, sino una gran oportunidad para avanzar, pues la movilización estudiantil expande el conjunto de los cambios factibles y obliga a una política más transparente y de cara a los actores sociales.
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