Mucho se ha mejorado en el desarrollo de la interacciones entre el Estado y los ciudadanos a través de la web, pero algo que me llama mucho la atención, por que los servicios públicos, ojo esto también ocurre con los privados, tienen más apetito del necesario por obtener datos de los ciudadanos y en el caso de los privados de sus clientes.
Hace unos días y producto de un reclamo que hice en la página del Transantiago, esto lo hago frecuentemente por un bus que circulaba a exceso de velocidad, no había reparado anteriormente en la cantidad de información que requieren, todos campos obligatorios para procesar mi reclamo.
Pensé que esto era una práctica sólo de ese servicio, me puse a navegar algunos portales del estado (servicios públicos, superintendencias y otros) y la verdad es que es una práctica común encontrar extensos formularios web solicitando toda clase de datos demográficos como: sexo, edad, nacionalidad, ocupación, comuna. Vean el siguiente ejemplo de SERNAC.
En los casos mostrados se requiere que se completen varios campos asociados a dirección (dirección, fono, email), no bastará con el email?
De allí surgen algunas preguntas:
* ¿qué harán con todos esos datos?
* ¿es necesario toda esa data par procesar una sugerencia o reclamo?
* ¿Los datos entregados pueden ser transferidos a terceros para otros fines?
* ¿Una vez que se utilizan son eliminados?
En muchos países se ha optado por el concepto de Data Minimization, una práctica para reducir la cantidad de datos personales que un determinado servicio requiere para realizar una transacción y además en caso que algunos datos se vayan a utilizar para propósitos diferentes del servicios declararlo explícitamente.
In the design of its policies and systems for collecting data, the Government should adopt a principle of data minimisation: it should collect only what is essential, to be stored only for as long as is necessary. (Dilemmas of Privacy and Technology Enabled Surveillance, University Vienna, 2008)
Los servicios centrados en el ciudadano tienen este elemento en consideración, pedir la menor cantidad de datos, con el objeto de reducir la gestión de los mismos y en caso de ser necesario, se utilizan para la transacción específica y luego eliminan.
Al menos en las políticas de esos portales debieran comunicar el uso futuro de esos datos y responder las preguntas señaladas. Por otra parte deben permitir la generación de un reclamo con la información mínima para procesarlo y punto, el resto es música.
*Publicado en el blog de Alejandro Barros, www.alejandrobarros.cl
Publicada en Blogs de La Tercera el 9 de febrero de 2011
http://blog.latercera.com/blog/mwaissbluth/entry/inequidad_tributaci%C3%B3n_y_eficiencia_p%C3%BAblica
 Estoy en el 1% de mayores ingresos de Chile. No eludo ni evado impuestos. Revisando mi declaración tributaria del año pasado, constato que le entregué al fisco el 16% de mis ingresos. Según informa Kenzo Asahi (1), mientras el 20% de chilenos más pobres paga un 15% de impuestos, el 20% de los ciudadanos más ricos paga sólo un 12%. Posiblemente estoy pagando más que los dueños de las mayores empresas de Chile.
Dicho lo anterior, los chilenos estamos pagando tasas globales de impuestos imposiblemente bajas. Según The Heritage Foundation (2), que no es precisamente un think tank soviético, nuestra tasa agregada de tributación es 18.9% del producto nacional. La de Nueva Zelanda es el 36.5%, y el promedio de la OECD es 34.8%.
La inequidad chilena, por su parte, es escandalosa. Véalo en el ranking (3). El 20% más rico gana 15.7 veces más que el 20% más pobre. Esta proporción es de 6.8 para Nueva Zelanda, 8.4 en USA, 10.2 veces en Uruguay, y en Japón… 3.4 veces. La vasta mayoría de la elite económica, política y social del país vive en una superficie de aproximadamente 100 km2 …. el 0.013% del territorio de Chile Continental. Esta elite estudió en no más de 20 escuelas, de las cuales 18 privadas …. el 0.19 % de las escuelas de Chile. ¿Hablemos de equidad e igualdad de oportunidades?
Como “jarabe de moralina”, traduciré sólo el encabezado de un artículo reciente de The Economist (4): “Dominique Strauss-Kahn, el director del Fondo Monetario Internacional, citó en Noviembre del 2010 al gran Adam Smith: La disposición a admirar, casi a adorar, a los ricos y poderosos y a …. descuidar a las personas más pobres… es la mayor y más universal causa de corrupción de nuestros sentimientos morales”.
¿Por qué Chile no reduce su escandalosa inequidad? Según Kenzo Asahi, en su ya mencionada columna de El Post, que recomiendo enfáticamente leer, ”el principal motivo sería la baja recaudación de impuestos en Chile. Mientras, en promedio, la OECD tiene una tasa de impuestos a las empresas de un 35%, en Chile ésta es de sólo un 17%. Mientras la tasa promedio de impuestos a las personas en la OECD es de un 45%, en Chile ésta no supera el 5%. Expertos del Banco Mundial señalan que la evasión en Chile sería alta: 50% en impuestos a las personas y 40 por ciento en las empresas”.
Si bien la existencia de una correlación de datos no es señal de causa efecto, es evidente que prácticamente no existen países ricos con elevada inequidad y con bajas tasas de tributación. Los habitantes de Derechistán opinan que primero hay que crecer y luego redistribuir vía impuestos, en la más pura teoría del chorreo, y los habitantes de Zurdistán opinan que hay que redistribuir ahora, ya.
Lo que sostengo aquí es que el aumento de las tasas globales de tributación de Chile es una inevitabilidad histórica, y que no será posible “ser un país desarrollado el 2018″, ni el 2025, ni el 2040, con demandas y necesidades ciudadanas del nivel de la OECD y tasas de tributación africanas. Me da igual si es primero el huevo o la gallina. Me da igual si es por la vía de reducir la evasión, o de aumentar las tasas de tributación, o ambas. Simplemente, no será sostenible proveer educación, salud, pensiones y vivienda para los más necesitados de Chile con los actuales niveles de tributación, ni mucho menos reducir la inmoral desigualdad.
A estas alturas, si no se han irritado con esta columna tanto como para abandonarla, los lectores derechistanos y los ricachonianos (no siempre coinciden) están probablemente preparando sus contraargumentos para chillar: a) los excedentes del cobre, b) lo injusto que les significa estar financiando su AFP e Isapre, c) hay que seguir manteniendo las bajas tasas tributarias para no detener el crecimiento, d) la Concertación era ineficiente y corrupta, y e) el Estado chileno es intrínsecamente ineficiente, y por ende no hay que darle más recursos para administrar. Desplumémoslos de a uno por uno:
a) No es necesario subir los impuestos pues el gobierno seguirá teniendo muchas divisas en sus arcas por los excedentes del cobre. Hay un problemita con esto, llamado “enfermedad holandesa”, que se cruza en el camino (5). En simple, si el gobierno tiene que transformar sus dólares a pesos para poder gastarlos en salud o educación, vamos a terminar con el dólar debajo de 400 pesos, y se va a ir al demonio la agricultura, la industria, y toda la exportación de bienes transables, con lo cual el desempleo y la consecuente inequidad se agravarán, al menos durante el par de décadas que tomaría crear suficientes empleos de alta productividad en la construcción y los servicios.
b) Es injusto decir que pagamos pocos impuestos pues debemos financiar nuestra AFP, nuestra Isapre, hacer copagos en las escuelas particulares subvencionadas y más encima pagar peaje en las carreteras. Esa, con respeto, es una disculpa inaceptable. El quintil más rico deja de pagar impuestos para financiar su propia jubilación, su propia salud, la educación de sus propios hijos, el transporte en su propio auto. Esa fórmula, muy Chicago boys and girls, de redistributivo no tiene nada. Absolutamente nada. Para clarificación, si Ud. dice ser de la clase “media” damnificada, y si tiene un ingreso per cápita de $230.000 mensuales (o sea una familia de 4 personas que en total gana $920.000 mensuales)… está muy equivocad@. Ud. está en el 20% más rico de Chile. Así de desiguales somos.
c) Hay que seguir manteniendo la tasa baja porque de lo contrario se detiene el crecimiento. Zambomba y recórcholis… llevamos 25 años de crecimiento casi ininterrumpido y la inequidad sigue igualita. Tal vez podríamos ir a La Pintana o Lolol a conversar con la gente para explicarles que deben esperar otros 25 años para que les podamos chorrear como se debe. Pero además, ¿por qué será que las empresas chilenas están invirtiendo sus excedentes en países con tasas tributarias más altas que las nuestras? Parece ser que allá no les duele pagar más impuestos ni opinan que es mal negocio invertir. ¿O será tal vez que los pobres de Chile están financiando la expansión internacional de nuestras empresas por la ruta de la baja tasa tributaria chilena?
d) La Concertación era ineficiente y corrupta. Primero que nada, me importa un pepino si lo era o no lo era. Los impuestos hay que subirlos sí o sí. Segundo que nada, parece cuestionable que haya sido tan corrupta e ineficiente ya que, según el Global Competitiveness Report (6), todos los índices de esta naturaleza son más bien excelentes. Aquí va el ranking de Chile en varios indicadores, y puse para comparación dos países pequeños. El recuadro muestra nuestra posición relativa en el ranking… entre 139 países. En el indicador de eficiencia del gasto público, Chile supera por cierto a Alemania, USA, Japón, Corea del Sur, Israel y Reino Unido.
| Ranking 2010 del Global Competitiv. Report |
Chile |
Uruguay |
N. Zelanda |
| Competitividad total |
30 |
64 |
23 |
| Desvíos corruptos de dinero público |
35 |
30 |
1 |
| Pagos irregulares y coimas |
24 |
32 |
1 |
| Favoritismo y clientelismo |
21 |
24 |
2 |
| Eficiencia de gasto público |
26 |
97 |
22 |
| Transparencia pública |
10 |
29 |
3 |
| Deuda pública/producto bruto |
29 |
110 |
59 |
| Esperanza de vida |
31 |
41 |
17 |
| Calidad de educación primaria |
121 |
64 |
7 |
Salvo la vergonzosa realidad educativa – que no pude evitar mencionar – estamos en el 25% mejor del mundo en todos los elementos relevantes a esta discusión. Tan corruptos y tan ineficientes, no deben haber sido estos Concertados. Esto no los exculpa de errores. Como lo escribí en marzo del 2008, en una columna de la revista Poder denominada “El buen desalojo” (7): “Para la mayoría de la cúpula de la Concertación, el tema de la gestión eficiente… sencillamente no está en su ADN… esto les va a terminar costando más temprano que tarde las elecciones… El peor problema ético de la Concertación no es el clientelismo… es que con la activa colaboración de la prensa, el creciente deterioro en la credibilidad del Estado que eso está provocando va a impedir el imprescindible aumento en el gasto público en salud, educación… que sigue siendo uno de los más bajos del mundo”.
e) El estado chileno es intrínsecamente ineficiente, y no hay que darle más recursos para que los administre. Algún lector dirá que los rankings del acápite anterior se basan meramente en encuestas de percepciones (verdadero), y que la realidad concreta es que hay ratones en los hospitales. Vamos entonces a las cifras concretas. Cito una columna que escribí en Marzo del 2006, llamada “Chile supera a Noruega y Canadá en eficiencia del gasto público” (8). Copiando al pie de la letra la metodología del Banco Central Europeo, calculamos en ese momento la eficiencia del gasto público chileno, entendida como la suma de logros absolutos y concretos, dividida por el monto del gasto, con la sorprendente conclusión de que ocupábamos el 6º lugar en el ranking de la OECD. Los detalles están ahí disponibles, y son largos para explicar aquí. Salvo una nota de 10 líneas en La Segunda, la prensa chilena escogió omitir esta sediciosa información. Tan ineficientes no somos, ni en términos de percepciones de la ciudadanía ni en términos concretos y verificables. Más bien, todo lo contrario. Lo que Chile logra con un gasto público escandalosamente bajo es casi milagroso. Aunque Ud. no lo crea, la eficiencia del gasto público en salud es la #1 del mundo. Yes, sir. Yes, lady. Del mundo. Aunque El Mercurio le machaque lo contrario todos los días.
En suma, creo que los argumentos para no aumentar los impuestos que esgrimen la mayoría de los derechistanos y ricachones son una falacia que esconde ideologías obsoletas. Por qué no decirlo, esconde también el hecho de que gracias a sus bajos impuestos lo pasan (pasamos) estupendamente en las repúblicas independientes de Las Condes, La Dehesa, Vitacura y zonas aledañas, mientras los habitantes de los otros 340 municipios del país lo pasan harto peor.
Ricachón: ¡paga más impuestos! Alternativamente, tal vez podrías poner una reja alrededor de la República del Barrio Alto y pedir pasaporte a la entrada, para que no te sigan asaltando tus casitas del barrio alto. Es mejor para tu bolsillo y peor para tu conciencia y para tus nietos.
Bibliografía
1. “Igualmente desiguales”, Kenzo Asahi http://elpost.cl/content/igualmente-desiguales
2. “Tasas tributarias como % del producto bruto”, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_revenue_as_percentage_of_GDP
3. “Índices de desigualdad, y de Equidad de Gini”, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality
4. “Unbottled Gini”, The Economist http://econ.st/e6U3Oj
5. “Enfermedad holandesa” http://es.wikipedia.org/wiki/Mal_holand%C3%A9s
6. “The Global Competitiveness Report 2010–2011″ http://bit.ly/a7cjKB
7. “El buen desalojo”, Mario Waissbluth http://www.mariowaissbluth.com/?pg=prensaymedios
8. “Chile supera a Noruega y Canadá en eficiencia del gasto público”, Mario Waissbluth http://www.mariowaissbluth.com/secciones/articulos/pdf/eficiencia_del_gasto.pdf
 Ya son 18 los países de la región que han trabajado normativas acerca de la firma digital, lo que muestra un pronóstico de su desarrollo en los próximos años. La validación que entrega al traspaso de información vía internet, entre otros beneficios, impulsarían a los gobiernos a su implementación, y fomentarían el crecimiento de un nuevo nicho de mercado.
La creciente demanda de transacciones comerciales a través de internet y dispositivos electrónicos ha promovido el surgimiento el uso de firma electrónica, que no requiere la presencia del usuario y que autentifica la validez del documento. Para esta solución, no sólo se dispone de infraestructura y software; también involucra la intervención de mecanismos de seguridad para el tratamiento de la información, así como la creación de la normativa legal que establezca los estándares de validez.
La digitalización de los documentos permite mantener copias de los mismos, pero el remitente necesita certificar ante el receptor el grado de validez que estos poseen.
Jonny Heiss, académico del Centro de Sistemas Públicos (CSP) y consultor en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información, señala que la firma digital y electrónica tienen tres funciones principales. La primera, consiste en certificar la autenticidad de un documento firmado por la persona o entidad correspondiente. En segunda instancia, contribuye a detectar si alguien modificó el documento electrónico después que el firmante le puso su firma digital, lo que en el caso de la firma holográfica no es posible. Esta función es denominada “integridad”. Finalmente, el autor de una firma digital no puede negar haber firmado un documento electrónico, porque nadie más que él puede hacerlo. Esta característica se denomina el “no repudio”.
Esta tecnología comenzó tomar importancia en la región en 1998, cuando cada nación estableció reformas para abrirle paso en sus legislaciones. Puerto Rico y Uruguay fueron los primeros países en determinar normativas respecto a este recurso. Le siguieron Bermuda y Colombia en 1999; Islas Caimán, Perú y México en 2000; Venezuela, Argentina, Panamá y Brasil en 2001; Chile y Ecuador en 2002; Belize en 2003; Costa Rica entre 2005 y 2006; Guatemala en 2008, y Trinidad y Tobago en 2009.
En tanto, Bolivia, a pesar de que aprobó una ley al respecto en el Congreso y con unanimidad en 2007, aún no se encuentran referencias en la Gacerta Oficial. Cuba, Paraguay, El Salvador y Saint Lucía no poseen legislación al respecto, ni han mostrado intenciones. De esta manera, 18 de los 23 países de la región tienen en cuenta este fenómeno.
Jacopo Gamba, abogado experto en Transparencia Internacional y consultor de las Naciones Unidas, plantea un análisis de las normas y leyes respecto de la firma electrónica, en su texto “Panorama del Derecho Informático en América Latina y el Caribe”. Describe que la mayoría de la normativa “(…) otorga y reconoce eficacia y valor jurídico a la firma electrónica, a mensajes de datos y a toda información inteligible en formato electrónico; reconoce la eficacia probatoria de todo tipo de información en forma de mensaje de datos; brinda validez a los documentos. Una vez creado un mecanismo para la certificación de la firma, a la validez de la misma corresponderá la validez del documento electrónico entero; introduciendo el concepto de firma electrónica avanzada, como aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control”.
Claudio Magliona, abogado de García Magliona & Cía., señala que legislar acerca de la firma electrónica es fundamental, debido a la cantidad de ventajas que entrega. “La firma electrónica ha mostrado grandes beneficios es en la masificación de operaciones electrónicas. Por ejemplo, existen buenas experiencias en la banca, donde día a día los usuarios realizan millones de transacciones utilizando distintas clases de firmas electrónicas, como el uso una clave en cada transacción, ya sea que provenga de una tarjeta física o electrónica. La firma electrónica también ha resultado altamente eficaz en los grandes mercados electrónicos de toda clase o centrales de compras, como plataformas de compras públicas, donde los oferentes requieren contar con firmas electrónicas para efectuar ofertas y cerrar las compras. Es igualmente útil en el mercado de valores, donde día a día se transan millones de dólares”, dice el abogado.
La mayoría de las legislaciones de la región reconoce a la firma digital y electrónica con la misma validez que la firma manuscrita. No obstante, según cuenta Jonny Heiss, es común confundirla con la firma holográfica, que suele ser representada con la imagen de una original o de un timbre. Para usar la firma digital, se requiere un sistema tecnológico que agregue al documento electrónico un número que no se ve, conocido como “hash”.
“El hash tiene una función similar al dígito verificador del RUT. Esto significa que tomando el archivo electrónico tal como está, se genera ese numero único mediante un procedimiento matemático, que introduce la información del certificado de firma digital”, dice Heiss. De esta manera, los datos del certificado digital permiten verificar a través de Internet, en forma transparente para el usuario, quien firmó el documento. “Además, el sistema permite recalcular el hash, y si alguien modificó una coma en el documento, ya no se obtiene el mismo número, y así se detecta que ha sido modificado y no corresponde al original”, agrega.
En la actualidad, el uso de firma electrónica se evidencia en la implementación de factura electrónica, principalmente en industrias como la banca y el retail, y ha contribuido a la facilitación de trámites que antes se resolvían luego de extensos y burocráticos procesos. Asimismo, se ha establecido un nuevo rubro de empresas dedicadas a proveer de este servicio a instituciones de estado, organizaciones y otras empresas.
Paperless es una empresa proveedora de soluciones electrónicas. Tiene una fuerte penetración en Chile, y para el 2011 proyecta crecer en el mercado de Brasil y Perú, donde ya posee presencia comercial. En trabajo conjunto con el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, determinar el estándar a utilizar, dado que fue el organismo que planteó la necesidad de encontrar una solución tecnológica a muchos de sus procedimientos. Se trata del sello bidimensional, de acuerdo a la firma electrónica avanzada.
Nicolás Cox, gerente de Administración y Finanzas de Paperless, indica que de los 120 clientes que poseen, la mayoría pertenece al retail. “Compañías grandes como Walmart, Cencosud, Paris, DIS, Bigger y Petrobras consumen nuestro producto estrella: la boleta electrónica”, señala. La demanda proviene de aquellos que ven la necesidad de modernizar sus procesos, y de quiénes observan oportunidades de negocio al utilizar esta tecnología, asegura.
El servicio consiste en la implementación de un software, para certificar e informar al cliente de los cobros, como sería el caso de la factura y la boleta electrónicas; para realizar transacciones internas y externas, como las soluciones de factoring electrónico; para definir los flujos de trabajo de documentos que deben ser aprobados; entre otros. Nicolás Cox indica que, para el 2011, se fomentará el uso de contratos electrónicos, que contempla la encriptación de la información, para asegurarla y así convertirlo en un documento válido.
 Este programa constituye un apoyo para establecimiento municipales, atendiendo a las necesidades y problemas que se presentan en la gestión educativa, con la oportunidad de reflexionar sobre las mejoras.
El Centro de Sistemas Públicos desarrolló el Diploma de Postítulo en Gestión Estratégica Educativa para Directivos de Establecimientos Educacionales y miembros del equipo del sostenedor, en base a las necesidades y problemáticas que actualmente enfrentan los establecimientos municipales (Corporaciones Municipales de Educación y Departamentos Municipales de Educación), que permitirá fortalecer y mejorar la gestión.
Así, se les entregará a los sostenedores y directivos las herramientas de gestión y habilidades directivas para formular, liderar y dirigir las estrategias que impulsen el desarrollo institucional, los procesos de modernización y mejoras en el desempeño escolar, el clima institucional y las finanzas del sistema.
El diploma está compuesto de una dimensión teórica, con clases presenciales y talleres para el desarrollo del conocimiento, en un total de 120 horas, con profesores de reconocido prestigio; y una dimensión aplicada, a través del “Proyecto de Gestión del Cambio”, donde los participantes podrán realizar un diagnóstico de gestión para generar ideas de mejoras en la organización (sistemas, procesos, prácticas, proyectos específicos, entre otros), a través de tutorías especializadas.
Según algunas opiniones de los cincuenta y uno (51) beneficiarios actuales de este diploma, de la Corporación Municipal de Peñalolén (CORMUP), “Todo se presentó coordinadamente, los contenidos están interrelacionados lo que proporciona una mejor comprensión de los temas de una forma global, existe reflexión y cuestionamiento”, “Las clases han sido excelentes, muy explicativas, lo mejor es que se pueden aplicar los contenidos en nuestro trabajo. Se nota la preocupación de cada uno de los profesores, colaboradores y ayudantes. Mantienen una gran disposición y dominio de contenidos. ¡Nivel excelente! asistir a clases es una instancia de aprendizaje y motivación que me permite continuar con excelentes expectativas en mi labor profesional”
Para más información, comunicarse con Natalie González, Directora Área Docencia, al email ngonzale@dii.uchile.cl, y con Esteli Unzueta Rojas, Coordinadora del Diploma al fono (56-2) 978 4060 anexo 108, email eunzueta@dii.uchile.cl.
Hace ya unos meses se presentó el documento definitivo del Consorcio para la Reforma del Estado, Un Mejor Estado para Chile. En enero de este año con presencia de representantes del Consorcio, autoridades del Sector Público y la Academia (según me contaron). Lamenté no haber podido asistir, lo tenía muy presente, pero a la misma hora debía concurrir a los tribunales a declarar como testigo en un juicio que algunas empresas tecnológicas chilenas llevan en contra del gigante Google (más información sobre el caso, leer aquí).
Digo que lo lamenté mucho porque luego de escribir La modernización del Estado con una pata coja, lo cual me significó algunas conversas con destacados miembros de dicho consorcio como: Mario Waissbluth, Marcos Lima y Claudio Seebach, respecto de mi postura. En el caso de Claudio (Secretario Ejecutivo del Consorcio y actual encargado de la Unidad de Cumplimiento o denominada Delivery Unit, dependiente de la SEGPRES), incluso nos reunimos para conversar los temas por un buen rato, espacio que agradezco.
Nuestra conversación versó sobre los temas de modernización del estado y su vínculos con las tecnologías de información, lo que generó ciertas expectativas por mi parte, por ejemplo que se aceptaran algunas de las críticas que hiciera en su momento, respecto del la poca relevancia que el Consorcio para la Reforma del Estado diera a las tecnologías de información y su rol en la modernización del Estado. Pero creo fui ingenuo al pensar que se iba a modificar un texto trabajado durante muchos meses y que su redacción final hasta donde sé no fue fácil, sólo por que este computín hiciera algunos reclamos destemplados.
Estoy seguro que las propuestas planteadas apuntan a un mejor estado y aplaudo la capacidad para llegar a generar propuestas de consenso, sobretodo en un grupo tan diverso.
Pero lo que aún me parece difícil de creer es que en un documento de casi 800 páginas, 5 capítulos, 19 áreas temáticas cubiertas, entre las que podemos mencionar, recursos humanos, estructura del Estado, rol de las subsecretarías, planificación y presupuesto y gestión de calidad de políticas públicas entre otros, no este presente el rol de las tecnología de información en la modernización planteada.
Que en todos esos ámbitos no se haya relevado la importancia de las tecnologías de información en el desarrollo de un estado moderno me sorprende. Cuando digo las importancia me refiero a algo más que una nota al margen o al pie de página, por lo que pude leer del documento algunas referencias menores al tema, por ejemplo: gestión presupuestaria – página 571 y sistema de control estratégico – página 605 transparencia – página 643.
Esto no se resuelve con declaraciones de buena crianza como las tecnologías de información son una herramienta clave y transversal para la modernización del Estado como he escuchado en diversas ocasiones.
Los países más avanzados en esto de reformular el Estado, han entendido que las tecnologías de información son pieza fundamental y deben formar parte de las herramientas centrales para el rediseño, sobre todo por el rol que están tomando dichas herramientas y el surgimiento de conceptos tales como Open Gov, en el diseño y ejecución de las políticas públicas del siglo XXI.
Así lo han entendido ingleses, en el año 2005, en octubre para ser exacto desarrollaron un documento denominado Transformational Government: Enabled by Technology – Cabinet Office, November 2005, en el cual se señala como las TI son el elemento central para la transformación del Estado, Por su parte los norteamericanos definieron un rol de CIO y CTO el cual debe velar por el uso profundo de la TI en la modernización del Estado.
Otro gran ejemplo de esto, es el trabajo desarrollado por australianos, quienes establecieron una fuerza de tarea de 15 personas para diseñar las bases de un gobierno 2.0, denominada government 2.0 – taskforce. En su informe Engage_-_Getting_on_with_Government_2.0 establecen claramente un modelo de relación entre las Tecnologías de Información y los nuevos paradigmas de la gestión pública. Los puntos claves de su informe, que les transcribo en foma literal son:
* Government 2.0 or the use of the new collaborative tools and approaches of web 2.0 offers an unprecedented opportunity to achieve more open, accountable, responsive and efficient government.
* Though it involves new technology, Government 2.0 is really about a new approach to organising and governing. It will draw people into a closer and more collaborative relationship with their government. Australia has an opportunity to resume its leadership in seizing these opportunities and capturing the resulting social and economic benefits.
* Leadership, and policy and governance changes are needed to shift public sector culture and practice to make government information more accessible and usable, make government more consultative, participatory and transparent, build a culture of online innovation within Government, and to promote collaboration across agencies.
* Government pervades some of the most important aspects of our lives. Government 2.0 can harness the wealth of local and expert knowledge, ideas and enthusiasm of Australians to improve schools, hospitals, workplaces, to enrich our democracy and to improve its own policies, regulation and service delivery.
* Government 2.0 is a key means for renewing the public sector; offering new tools for public servants to engage and respond to the community; empower the enthusiastic, share ideas and further develop their expertise through networks of knowledge with fellow professionals and others. Together, public servants and interested communities can work to address complex policy and service delivery challenges.
* Information collected by or for the public sector — is a national resource which should be managed for public purposes. That means that we should reverse the current presumption that it is secret unless there are good reasons for release and presume instead that it should be freely available for anyone to use and transform unless there are compelling privacy, confidentially or security considerations.
* Government 2.0 will not be easy for it directly challenges some aspects of established policy and practice within government. Yet the changes to culture, practice and policy we envisage will ultimately advance the traditions of modern democratic government. hence, there is a requirement for co-ordinated leadership, policy and culture change.
* Government 2.0 is central to the delivery of government reforms like promoting innovation; and making our public service the world’s best
Al adoptar este tipo de prácticas de gobierno 2.0 se logra según el mismo estudio:
* una democracia más participativa e informada
* mejorar la calidad y respuesta de servicios en áreas claves como salud, educación y medio ambiente
* involucrar a los ciudadanos en el quehacer del estado
* desbloquear el inmenso valor económico de la información en manos del Estado
* revitalizar los servicios y políticas públicas respondiendo de mejor forma a los requerimientos del ciudadano.
Si el gobierno australiano (y otros gobiernos) como parte de su proceso de modernización del estado establecen un equipo de trabajo y proponen acciones concretas (en el informe vienen proyectos específicos) en el rol de las tecnologías de información al interior del estado y que estas no son sólo una herramienta más debe hacernos reflexionar o será que nosotros sabemos algo que ellos no saben.
Nosotros hemos relegado las TI a un segundo plano y mientras nuestros expertos no le asignen el rol y sitial que estas tienen, creo que tendremos que esperar por un tiempo para lograr un Estado 2.0, al menos como lo conceptualizan australianos, ingleses y norteamericanos.
www.alejandrobarros.com
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